En el contexto colombiano, la necesidad de un plan integral de prevención y autocuidado frente a los factores de riesgo público en las empresas es crucial para garantizar la salud laboral de los miembros del gobierno corporativo para enfrentar de forma eficiente conductas criminales y situaciones de agresión. Un buen plan de prevención y autocuidado no solo protege la integridad física y psicológica de los ejecutivos más visibles, sino que también salvaguarda la reputación y la continuidad operativa de la empresa. Este plan debe incluir políticas claras y protocolos específicos para la identificación y el tratamiento de los riesgos, como la instalación de sistemas de seguridad avanzados y la implementación de controles de acceso, los más estrictos. Además, es fundamental fomentar una cultura de seguridad mediante la capacitación y el acompañamiento continuo del ejecutivo en la identificación de sus amenazas y en la adopción de prácticas seguras, tanto en el entorno laboral como en la vida personal y familiar. Asimismo, la salud mental debe ser una prioridad, proporcionando apoyo psicológico y programas de bienestar que ayuden a los funcionarios en cargos críticos a manejar el estrés y la ansiedad asociados con posibles situaciones de agresión. Un enfoque integral que aborde tanto la prevención como la respuesta a incidentes mejora no solo la seguridad física, sino también el bienestar emocional de los miembros del gobierno corporativo, creando un entorno de trabajo más seguro y resiliente.
Factores de riesgo para personajes Públicos con mayor sensibilidad y exposición
Los miembros del gobierno corporativo de las empresas en Colombia, enfrentan varios tipos de amenaza dependiendo de la cultura corporativa y del sector económico, cuyas motivaciones y oportunidades criminales y que afecten la salud laboral, están relacionadas con los negocios, la visibilidad del ejecutivo y con sus hábitos individuales y de trabajo. Las vulnerabilidades frente a los factores de riesgo público pueden ser significativas en la medida en que puedan comprometer la seguridad de la empresa y la integridad de sus directivos, afectando su operación y la reputación.
Personas del nivel ejecutivo:
Los personajes públicos del gobierno corporativo en Colombia, especialmente aquellos que ocupan cargos ejecutivos y de alta visibilidad en grandes empresas, enfrentan una serie de riesgos específicos, que se derivan de su papel en la toma de decisiones que afectan a múltiples grupos de interés, incluidas las comunidades locales, trabajadores indirectos, terceros contratistas informales y de las políticas que afecten los entornos, en el sector económico o del mercado.
Extorsión y Amenazas:
Las bandas criminales urbanas pueden extorsionar a los ejecutivos, exigiendo pagos para garantizar la seguridad personal y de la empresa en zonas industriales o residenciales influenciadas y hoy por hoy, de control criminal; pero también en las áreas rurales dominadas por los grupos armados ilegales, quienes consiguen presionar, chantajear o extorsionar a funcionarios del nivel ejecutivo para permitir o no, la operación de la empresa en sus territorios controlados.
Secuestros:
En las grandes ciudades, los funcionarios del nivel ejecutivo pueden ser blanco de secuestro exprés, siendo retenidos transitoriamente hasta obtener grandes sumas de dinero rápidamente, por individuos, parches o pequeñas bandas que hacen parte de grupos delincuenciales emergentes que a su vez, deben cumplir con presupuestos impuestos por otros grupos denominados popularmente como mafias, carteles, o bacrim, más grandes y visibles en la opinión pública; quienes los crearon, organizaron, apalancaron o que controlan.
Generalmente en nuestras zonas rurales, los secuestros suelen ser más prolongados y llevados a cabo por grupos delincuenciales de todos los tipos, que dominan las regiones o generan influencia criminal en las comunidades, y que buscan para su financiación ilegal, obtener cifras económicas importantes de rescate o concesiones corporativas, relacionadas generalmente con beneficios políticos y de autoridad que faciliten mantener y mejorar su influencia en las comunidades locales.
Atentados y homicidios:
Las personas del nivel ejecutivo pueden ser atacadas en las áreas urbanas de ciudades principales o intermedias por sicarios contratados por competidores inconformes, trabajadores disgustados o personas u organizaciones resentidas motivadas por alguna decisión que los ha afectado, igualmente por bandas o grupos delincuenciales cuyos negocios ilegales se vean afectados por decisiones del gobierno corporativo.
En las áreas rurales en donde se tenga influencia por la operación y los negocios corporativos, los ataques pueden ser perpetrados por grupos armados ilegales que operan o dominan las comunidades del área de influencia, en respuesta a proyectos que afectan sus intereses.
Sabotaje y vandalismo:
La salud laboral de los funcionarios más visibles del nivel ejecutivo se puede ver afectada en situaciones de vandalismo o de agresión provenientes de factores de riesgo público contra las instalaciones empresariales ubicadas en zonas industriales con influencia y control por grupos delincuenciales, o que dispongan de entornos hostiles compuestos por comunidades resentidas en ciudades principales o intermedias, pero que también, puedan ser objeto de sabotajes por parte de colaboradores descontentos, grupos de trabajadores indirectos o bandas criminales.
En zonas rurales, los proyectos de infraestructura pueden ser saboteados por comunidades locales o grupos armados que se oponen a su desarrollo, pudiendo generar impacto en la salud laboral de los trabajadores en todos los niveles de manera indiscriminada, o de forma selectiva en contra de un directivo o funcionario que pudiera liderar el proyecto y ser visible frente a sus agresores.
Protestas y movilizaciones sociales:
Las decisiones empresariales de los gobiernos corporativos pueden ser en algunos casos impopulares desencadenando protestas masivas en los entornos de las instalaciones físicas, en las vías de acceso o en los frentes de trabajo, exponiendo a los funcionarios de primer nivel más visibles en el área de influencia, a factores de riesgo público durante las manifestaciones o actividades de protesta que se desarrollen.
En áreas rurales, las movilizaciones de comunidades indígenas, campesinas o de los pobladores locales suelen ser influenciadas por organizaciones delincuenciales que las manipulan con objetivos políticos de impacto mediático en la opinión pública, y que ejercen dominio mediante la intimidación y el miedo resultando normalmente en bloqueos y enfrentamientos violentos.
Conflictos con trabajadores:
Las decisiones relacionadas con relaciones industriales o conflictos internos que pudieran derivar en despidos, recortes salariales, situaciones de choque o nuevas condiciones laborales pueden generar conflictos con los trabajadores, aumentando el riesgo de que se reflejen en situaciones de agresión, generando factores de riesgo público.
En entornos rurales, los conflictos laborales pueden escalar más rápidamente debido a la menor presencia de fuerzas del orden, y condiciones culturales de baja sensibilidad frente a las normas legales, lo que significa que predominen las vías de hecho en la resolución de pequeños conflictos, y las consecuencias en la salud laboral de los funcionarios de mayor visibilidad pueden ser más catastróficas.
Conflictos con contratistas y terceros externos:
Las disputas operativas, laborales o de relaciones contractuales con proveedores o contratistas, subcontratistas o terceros indirectos y con sus trabajadores, pueden llevar a represalias violentas.
En áreas rurales, los contratistas deben ser locales y normalmente pertenecen a las comunidades del área de la operación, además, generalmente están apalancados, organizados, controlados e influenciados por líderes u organizaciones comunitarias, que en algunos territorios tienen el dominio criminal. En cualquier tipo de diferencia o problema, pueden recurrir a la intimidación, los bloqueos, la violencia y las vías de hecho para resolver conflictos contractuales, poniendo en riesgo la salud laboral de los funcionarios de mayor visibilidad en el proyecto, o de quien o quienes participen en representación corporativa para la resolución del conflicto, en referencia con situaciones de agresión producto de factores de riesgo público.
Amenazas a la familia y su entorno natural más cercano:
Las familias de los ejecutivos de primer nivel en las empresas o de funcionarios con cierta visibilidad, generalmente son motivo de curiosidad para grupos de trabajadores, o personas de todo tipo del entorno laboral, pero también son una buena oportunidad para grupos criminales, considerando que la más importante vulnerabilidad de un ser humano y en este caso de un ejecutivo del gobierno corporativo de una empresa son sus afectos, que pueden ser usados por los delincuentes para montar una amenaza criminal, como parte de una forma de presión para influir en decisiones corporativas, laborales o específicas de trabajo.
En las zonas rurales, las amenazas pueden incluir secuestros de familiares para forzar concesiones.
Manipulación de información y ciberataques:
Los ejecutivos en las empresas y funcionarios visibles, pueden ser víctimas de ciberataques que busquen comprometer información sensible o dañen su reputación. El cuidado debe ser especial en el manejo de sus redes sociales, y las de sus familiares del entorno natural mas cercano.
Aunque menos frecuente, los ciberataques también pueden ocurrir en áreas rurales, considerando que la tecnología en manos criminales supera lo imposible, afectando los medios de comunicación, los protocolos de apoyo y operación de la empresa.
Riesgos de compliance:
Los líderes del gobierno corporativo deben tomar precauciones rigurosas frente a los riesgos derivados de la ética y del cumplimiento normativo para salvaguardar tanto la integridad de la empresa como su propia responsabilidad personal, frente a la sospecha de conductas ilegales de corrupción o de lavado de activos que se pudieran convertir en factores de riesgo público o de violencia en el puesto de trabajo. Las empresas deben promover una cultura de ética y de cumplimiento, asegurándose de que todos los trabajadores entiendan la importancia de adherirse a sus códigos de integridad, de ética, de transparencia o normas de conducta. Además, deben llevar a cabo auditorías y evaluaciones regulares para identificar y mitigar riesgos potenciales, así como para implementar sistemas de control interno efectivos. La capacitación continua del personal de trabajadores en todos los niveles en temas de compliance es crucial para mantener a todos informados sobre las regulaciones vigentes y las mejores prácticas para evitarlas. Los líderes también deben estar preparados para actuar rápidamente ante cualquier indicio de violación, estableciendo canales confidenciales de denuncia y tomando medidas correctivas inmediatas.
Riesgos personales que pueden afectar su salud laboral
Un Ejecutivo visible, un funcionario con responsabilidades críticas o los miembros del gobierno corporativo de una empresa formal con cierta visibilidad social en zonas rurales de Colombia o en áreas urbanas contaminadas de delincuencia, especialmente con entornos poblados de comunidades deprimidas o áreas de influencia criminal, enfrentan una serie de riesgos específicos que pueden verse exacerbados por malos hábitos individuales, familiares o sociales, así como por la adopción de rutinas y el descuido en sus relaciones interpersonales.
A continuación, algunos tipos de riesgo en estos contextos:
Riesgos Relacionados con Malos Hábitos y Rutinas
Rutinas predecibles
La adopción de rutinas predecibles, como tomar la misma ruta diaria al trabajo, facilita la planificación de ataques, secuestros o emboscadas por parte de grupos criminales o armados.
Consumo de alcohol y drogas
El consumo excesivo de alcohol o drogas puede llevar a una disminución de la alerta y el juicio, aumentando el riesgo de agresiones, secuestros y robos.
Exposición en lugares de ocio
Frecuentar lugares de ocio públicos sin medidas de seguridad adecuadas expone al funcionario a amenazas y ataques, especialmente en áreas con presencia de grupos armados.
Falta de discreción en redes sociales
Compartir información familiar o personal en redes sociales, y sobre sus rutinas de vacaciones o descanso, puede facilitar la identificación y localización del funcionario en momentos relajados, por parte de actores malintencionados.
Riesgos derivados del descuido en las relaciones interpersonales
Descuidos en las relaciones sociales
La falta de cuidado con las nuevas personas que conoce, demasiada empatía con algunos pobladores de los entornos y de las comunidades, visitas sociales, visitas relajadas en lugares públicos y otras conductas relacionadas.
Relaciones conflictivas con trabajadores locales
La falta de empatía y comprensión con los trabajadores no calificados locales puede generar resentimientos, que se traducen en conflictos que pueden escalar a conductas violentas.
Conflictos con contratistas informales
El trato que se perciba como injusto o conflictivo con contratistas o terceros informales, puede trascender y convertirse en represalias violentas o sabotaje de proyectos.
Falta de interacción con la comunidad
El aislamiento de la empresa o de sus funcionarios más visibles con la comunidad local; y la falta de participación en actividades comunitarias pueden generar desconfianza y discordia hacia los funcionarios y la empresa, generando ambientes hostiles.
Malos tratos a empleados
Tratar mal y en público a los empleados puede resultar en resentimientos y acciones de represalia que pueden poner en riesgo la seguridad del funcionario implicado.
Descuido en la selección de personal de seguridad
Contratar personal de seguridad sin la debida diligencia puede resultar en la infiltración de elementos criminales en el equipo de protección del funcionario.
Riesgos relacionados con malas decisiones Corporativas
Implementación de políticas impopulares
La imposición de políticas impopulares sin consultar con las comunidades o trabajadores involucrados puede provocar protestas violentas y agresiones selectivas.
Falta de compromiso con la responsabilidad social
No cumplir con los compromisos de responsabilidad social empresarial puede resultar en la pérdida de apoyo comunitario de los entornos, y en el aumento de amenazas y violencia.
Despidos masivos
Decisiones que llevan a despidos masivos pueden generar muchos y variados resentimientos, que al final se reflejan en posibles actos de violencia por parte de los empleados afectados.
Recortes salariales
Implementar recortes salariales sin una socialización y/o comunicación adecuada, puede resultar en conflictos laborales y acciones violentas.
Ignorar normas ambientales
No cumplir con las normativas ambientales puede llevar a conflictos con grupos de ambientalistas y comunidades locales, resultando en amenazas y agresiones.
Desarrollo de proyectos controversiales
Llevar a cabo proyectos que afectan negativamente a las comunidades locales sin su consentimiento puede resultar en oposición violenta, generando factores de riesgo público.
Falta de transparencia financiera
La percepción de corrupción o mala gestión financiera puede llevar a la desconfianza y actos de represalia por parte de empleados y comunidades, poniendo en riesgo la salud laboral del ejecutivo o del funcionario que pudiera estar implicado.
Abuso de poder
El abuso de poder y la toma de decisiones arbitrarias pueden generar resentimientos y acciones de venganza por parte de aquellos afectados.
Negligencia en la seguridad personal
No tomar en serio las medidas de seguridad personal, los planes de prevención y autocuidado y las medidas de protección asignadas como el uso de escoltas o vehículos blindados, puede aumentar el riesgo de ser víctima de ataques o secuestros.
Los líderes de empresas formales en Colombia deben ser conscientes de que sus hábitos de trabajo, personales, decisiones empresariales y/o relaciones interpersonales pueden afectar significativamente su propia seguridad. La adopción hábitos de trabajo y de rutinas seguras, la mejora en la comunicación en las relaciones con la comunidad y con los trabajadores en todos los niveles, además de, la toma de decisiones empresariales responsables y transparentes son cruciales para reducir los factores de riesgo público y de agresión criminal. Implementar una estrategia de seguridad integral que incluya la evaluación continua de riesgos, un plan de prevención y autocuidado y la formación en medidas preparatorias para enfrentar situaciones de riesgo, es esencial para proteger tanto la integridad personal y la salud laboral del ejecutivo más visible o del funcionario con responsabilidades críticas, como para la estabilidad operativa de la empresa, y para mantener su reputación y la continuidad del negocio.
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