El riesgo público como riesgo estratégico:

Cuando el crimen gobierna el territorio:

Las economías criminales ya no se limitan a traficar a través de los territorios donde operan las empresas. En muchos municipios de los países de América Latina cobran impuestos, deciden quién trabaja, fijan reglas y resuelven conflictos. Cuando eso ocurre, un proyecto minero, energético o de construcción no llega a un territorio vacío: llega a un territorio que ya tiene un gobierno paralelo.

Pataz: el territorio que la empresa ya no controla

En mayo de 2025, trece trabajadores que prestaban servicios a un minero artesanal contratado por la compañía Poderosa fueron secuestrados y asesinados dentro de un socavón en Pataz, en la región peruana de La Libertad. El crimen conmovió al país, pero no fue un hecho aislado. Según la propia empresa, ya eran 39 los mineros y trabajadores asesinados en la zona por grupos armados ligados a la minería ilegal.

Lo más revelador de Pataz no es solo la violencia, sino lo que ella esconde. La empresa informó que desde 2020 la minería ilegal tomó varias de sus concesiones y la obligó a abandonar distintas labores, poniendo en riesgo a sus colaboradores y a los mineros artesanales en proceso de formalización con los que trabaja. En otras palabras, una parte del territorio legalmente concedido pasó a estar bajo el control de otros.

La situación no ha terminado. En junio de 2026, las oficinas administrativas de la unidad Santa María de Poderosa sufrieron un atentado con explosivos que dejó heridos a dos trabajadores de una contratista, a pesar de la declaratoria de emergencia y de la presencia de militares y policías en la provincia. El gremio minero peruano reclamó de nuevo al gobierno medidas de seguridad más fuertes.

Pataz muestra la idea central de este artículo: cuando una economía criminal se instala en un territorio, no solo comete delitos. Empieza a gobernarlo. Y quien gobierna el territorio termina influyendo en la vida de cada trabajador, contratista y proveedor que pasa por él.

Del tráfico al gobierno

Durante décadas, la imagen dominante del crimen organizado en América Latina fue la del tráfico: drogas, armas o personas que cruzan fronteras. Esa imagen se quedó corta. Hoy los grupos criminales controlan territorios de forma estable y, desde allí, administran economías completas.

Los números muestran la escala del fenómeno. International Crisis Group documentó en 2026 que hay grupos criminales operando en al menos el 67 % de los municipios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El Banco Mundial, por su parte, describe cómo estos grupos monopolizan mercados legales e ilegales, imponen “impuestos” sobre servicios básicos, extorsionan a negocios formales y cooptan a funcionarios públicos.

El momento tampoco es casual. En Pataz, por ejemplo, los grupos ilegales aprovecharon el confinamiento de 2020 para instalarse con más fuerza, cuando la presencia del Estado se redujo. A eso se sumaron el alza del precio internacional del oro y el acceso a maquinaria más sofisticada, que dispararon la rentabilidad de la minería ilegal. Con más ingresos llegó más violencia, y con más violencia, más control sobre la vida local.

Los académicos llaman a este fenómeno “gobernanza criminal”: la capacidad de un grupo ilegal de establecer y hacer cumplir reglas en una comunidad. No siempre implica violencia visible. A veces se expresa en algo tan cotidiano como un comerciante que paga una cuota semanal, una cooperativa minera que entrega un porcentaje de su producción o una obra que contrata a las personas que “le recomiendan”.

Para las empresas, esto plantea un reto distinto al de la seguridad tradicional. El riesgo ya no viene solo de un ataque o un robo. Viene de la existencia de una autoridad paralela que compite con el Estado, con las comunidades y con la propia empresa por el control de las decisiones locales.

Cómo se captura una economía local

1. La gobernanza criminal en la práctica

La gobernanza criminal funciona como un sistema con cuatro piezas. La primera es el cobro: el “impuesto” que pagan comerciantes, transportistas, mineros y contratistas, que en Colombia se conoce como “vacuna” y en Perú como “cupo”. La segunda es la regulación: el grupo decide quién puede abrir un negocio, quién transporta mercancía o quién explota una veta.

La tercera pieza es la “justicia”: el grupo resuelve disputas, castiga robos y hasta media en conflictos familiares, muchas veces con más rapidez que el Estado. La cuarta es el empleo: controla el acceso a puestos de trabajo, sobre todo en sectores con mucha demanda de mano de obra local, como la minería y la construcción.

Estas cuatro piezas se refuerzan entre sí. Un grupo que cobra y regula también necesita información, y por eso infiltra empresas, sindicatos y cooperativas. Un grupo que ofrece “justicia” gana legitimidad ante la comunidad. Y un grupo que controla el empleo se asegura de que la gente le deba algo.

Lo que hace tan resistente a este sistema es que no depende de un solo jefe ni de una sola actividad. Si las autoridades capturan a un cabecilla, otro ocupa su lugar; si un negocio pierde rentabilidad, el grupo compensa con oro, extorsión o contrabando. Además, muchos habitantes conocen las reglas del grupo mejor que las del Estado, porque las ven aplicarse todos los días. Para una empresa que llega con un contrato de concesión y un plan de gestión social, esto significa competir con un orden que ya está instalado, que tiene sus propios incentivos y castigos, y que no desaparece cuando termina un operativo de la fuerza pública.

2. Informalidad, ilegalidad y criminalidad no son lo mismo

Para entender la captura de los territorios es clave distinguir tres conceptos que con frecuencia se confunden. La informalidad es trabajar sin cumplir todos los requisitos legales, como ocurre con millones de pequeños mineros, comerciantes y transportistas en la región. La ilegalidad es realizar una actividad prohibida. La criminalidad es la acción organizada de grupos que usan la violencia para obtener rentas.

Especialistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú advierten que durante años no se hizo esta distinción en la minería: la minería informal pudo formalizarse con asistencia técnica e inversión social, pero al tratar a todos por igual, el Estado dejó espacios que el crimen organizado terminó ocupando. Una coordinadora de la Red Muqui lo planteó de forma directa: quien trabaja en la informalidad difícilmente va a denunciar cuando llegue la extorsión.

Para las empresas esta distinción es práctica, no teórica. Las comunidades informales que rodean un proyecto no son el enemigo. Con frecuencia son las primeras víctimas de los grupos criminales y pueden ser aliadas de la formalización si se las trata como tales.

3. Los impactos en las economías locales

Cuando un grupo criminal captura una economía local, los efectos se sienten en todos los niveles. Los precios suben porque cada comerciante traslada a sus clientes el costo de la extorsión. Los negocios legales que no pueden pagar cierran o se van. Y los proveedores que sobreviven suelen ser los que tienen algún tipo de arreglo con el grupo, lo que contamina las cadenas de suministro de las empresas formales.

La extorsión ilustra bien el impacto. En México, México Evalúa calcula que cuesta cerca del 2 % del PIB cada año. En Perú, los casos de extorsión crecieron 478 % en cinco años, con el transporte y la construcción entre los sectores más golpeados.

El empleo es otro frente de captura. En la construcción civil peruana, la federación de trabajadores denuncia que las mafias usan sindicatos de fachada para entrar a las obras, vender puestos de trabajo y cobrar cuotas, y que ya son decenas los dirigentes sindicales asesinados. En abril de 2026 la policía desarticuló en Lima un clan que obligaba a incluir a sus allegados en las nóminas de obras públicas, cobrando sueldos sin trabajar. En estos casos, el sindicato o la nómina dejan de ser una herramienta de los trabajadores y se convierten en un instrumento del grupo criminal.

4. El componente cultural: legitimidad y “cultura de lo fácil”

El aspecto menos visible de la captura territorial es el cultural. Los mismos académicos de la PUCP señalan que en Pataz se produjo una primera capa de erosión de la legitimidad del Estado, y que los grupos criminales copian prácticas que la propia sociedad valora. Ofrecen ingresos rápidos, protección, sentido de pertenencia y, a veces, servicios que el Estado no presta.

Con el tiempo, esto cambia la forma en que la comunidad entiende el trabajo y el éxito. Ganar dinero rápido por fuera de la ley empieza a parecer normal. Pagar la cuota se ve como un costo más del negocio. Y cumplir las normas puede percibirse como ingenuidad. A esto lo llamamos en esta serie la “cultura de lo fácil”.

Esa cultura no se queda en la calle. Entra a los campamentos, las obras y las oficinas a través de los trabajadores, contratistas y proveedores que viven en el territorio. Por eso la captura cultural es uno de los riesgos más importantes, y más difíciles de medir, para la cultura organizacional de las empresas.

Un caso de cerca: Segovia, el “socio” que nadie eligió

Segovia, en el Nordeste del departamento de Antioquia, es uno de los municipios auríferos más importantes de Colombia. Allí conviven una empresa minera formal, Aris Mining, miles de mineros pequeños e informales y varios grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC. Es un ejemplo claro de cómo funciona la gobernanza criminal sobre una economía local.

Según testimonios recogidos por InSight Crime y citados por Infobae, el Clan del Golfo impone a los pequeños mineros cuotas mensuales y un porcentaje de su producción para poder trabajar, y la extorsión se ha vuelto para el grupo un negocio más rentable que el narcotráfico. En marzo de 2026, la Personería de Segovia alertó que el grupo estaría exigiendo el 10 % de la producción de las unidades mineras, ya no como una extorsión tradicional sino como una “participación obligada”. En la práctica, el grupo se presenta como un socio de hecho de la actividad extractiva.

Las condiciones de trabajo reflejan ese control. En las minas pequeñas, los llamados catangueros cargan sacos de mineral de más de 50 kilos por túneles empinados y resbaladizos. En la superficie, el oro se separa con mercurio en molinos rudimentarios conocidos como entables, que dejan residuos tóxicos en el entorno. Después, el metal se exporta y se funde en refinerías internacionales, donde su origen se vuelve imposible de rastrear.

La Personería advirtió además un riesgo que pocos consideran: en medio de operativos contra la minería ilegal, las autoridades podrían interpretar esos pagos no como una extorsión sino como una colaboración con un grupo armado. La víctima puede terminar señalada como cómplice. Una fuente del sector minero explicó a Teleantioquia que quien no paga debe cerrar e irse, o se arriesga a que lo maten, y las autoridades creen que el grupo tiene infiltrados dentro de las propias minas para saber cuánto produce cada una.

La empresa formal tampoco está a salvo. En abril de 2026, cerca de 40 hombres armados y encapuchados entraron a la mina El Silencio, operada por Aris Mining, sometieron a los vigilantes, les quitaron sus armas y se llevaron más de 2.000 kilos de material con oro. En julio de 2026, un operativo contra la minería ilegal en la mina Frontera Gold, un yacimiento del que dependen mineros informales, terminó en enfrentamientos, bloqueos y una persona muerta. El gobernador de Antioquia atribuyó los disturbios a una retaliación del Clan del Golfo y denunció que el grupo estaría instrumentalizando a algunos habitantes. Líderes locales, en cambio, pidieron una mesa de diálogo con la Agencia Nacional de Minería, la Secretaría de Minas y la empresa para que los trabajadores pudieran seguir trabajando.

El fenómeno no se limita a Segovia. A finales de septiembre de 2026, el gobierno nacional informó de un operativo en el río Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, en un punto donde se extraían cerca de 26,5 kilos de oro al mes, y señaló que una subestructura del Clan del Golfo cobraba el 15 % de esa producción.

Segovia resume todos los elementos de este artículo: un grupo que cobra, regula y vigila; una frontera borrosa entre lo informal, lo ilegal y lo criminal; una comunidad atrapada entre el grupo armado, la empresa y el Estado; y una empresa formal que opera en medio de ese tejido. Para sus trabajadores, el riesgo no es solo un ataque. Es la presión constante de un poder que pretende ser su socio, su autoridad y, a veces, su empleador.

Lo que significa para las empresas de cada sector

En la minería, la gobernanza criminal se expresa en concesiones invadidas, extorsión sobre la producción, robo de mineral y conflictos sociales que pueden ser manipulados por los grupos armados. En el sector energético, en el cobro por permitir obras, el control del paso de equipos y personal, y los ataques a infraestructura usados como presión. En la construcción, en la venta de puestos de trabajo, los sindicatos de fachada y el tráfico de terrenos.

En los tres sectores se repite un patrón: la licencia social para operar ya no se negocia solo con la comunidad y el Estado. Hay un tercer actor que no aparece en ningún mapa de grupos de interés, pero que influye en todas las conversaciones. Ignorarlo es un error; negociar con él, también.

Para los trabajadores de las empresas formales, vivir en un territorio gobernado por el crimen tiene consecuencias concretas. Sus familias pueden estar pagando una cuota en el negocio del barrio. Sus hijos pueden ser reclutados. Y ellos mismos pueden recibir presiones para entregar información sobre la producción, los turnos o las rutas de transporte de la empresa. El resultado es un trabajador con lealtades divididas, que muchas veces calla por miedo y no por complicidad. Entender esa realidad es el primer paso para protegerlo, y es el tema que desarrollaremos en el enfoque táctico de esta serie.

Recomendaciones

Pataz y Segovia muestran que el riesgo público no termina en la frontera de la concesión. Cuando el crimen gobierna el territorio, gobierna también una parte de la vida de los trabajadores, los proveedores y las comunidades que rodean cada proyecto.

Lo que viene

Pataz y Segovia muestran que el riesgo público no termina en la frontera de la concesión. Cuando el crimen gobierna el territorio, gobierna también una parte de la vida de los trabajadores, los proveedores y las comunidades que rodean cada proyecto.

En el Artículo 3, “El riesgo público como riesgo estratégico”, veremos cómo llevar este análisis a la mesa de la alta dirección, con una matriz por país y por sector, y qué cambia para las empresas cuando varios de estos grupos son designados como organizaciones terroristas.