El costo invisible: el futuro que el crimen no deja construir
El crimen organizado no solo les quita dinero a las empresas. También les quita futuro. Detiene la exploración, congela los proyectos piloto, aleja a los mejores profesionales y desvía hacia la seguridad los recursos que deberían ir a la investigación. Es un costo que casi nadie mide, pero que define qué tan competitivos serán los sectores mineros, energético y de la construcción en la próxima década.
Los geólogos de La Clementina
En la madrugada del 23 de enero de 2026, hombres armados irrumpieron en La Clementina, el campamento residencial del proyecto Pánuco, en el municipio de Concordia, en el estado mexicano de Sinaloa. Se llevaron a diez trabajadores vinculados a la minera canadiense Vizsla Silver: ingenieros, geólogos, personal de seguridad y responsables de relaciones comunitarias.
En las semanas siguientes, las autoridades fueron confirmando lo peor. Para abril de 2026, la Fiscalía General de la República había identificado los cuerpos de ocho de ellos, y otros dos seguían desaparecidos. El secretario federal de Seguridad declaró que los detenidos por el crimen dijeron haber confundido a los mineros con integrantes de un grupo criminal rival.
Pánuco no era una mina en operación. Era un proyecto de exploración avanzada de plata y oro, uno de los más relevantes de México, con una meta de iniciar producción hacia 2027. Entre 2021 y 2025, la empresa había invertido más de 250 millones de dólares en exploración y generado alrededor de 230 empleos directos e indirectos en la región. Tras el ataque, suspendió las actividades de campo y anunció que seguiría avanzando de forma remota en la parte de ingeniería.
La tragedia de La Clementina es, ante todo, una pérdida humana irreparable. Pero también ilustra el tema de este artículo. Los geólogos e ingenieros son quienes generan el conocimiento sobre el subsuelo, prueban nuevas técnicas y convierten una zona prometedora en un proyecto viable. Cuando la violencia los alcanza, no solo se pierde una vida. Se interrumpe una cadena de conocimiento que tomó años construir.
La innovación también ocurre en el terreno
Cuando se habla de innovación, solemos pensar en laboratorios y oficinas tecnológicas. En la minería, la energía y la construcción, buena parte de la innovación ocurre en el campo: en la exploración geológica, en las pruebas de nuevos métodos de excavación, en los pilotos de energía renovable, en las redes de monitoreo ambiental y en los nuevos sistemas constructivos. Por eso es tan vulnerable a la presencia de economías criminales.
El momento no podría ser más delicado. La transición energética está aumentando la demanda mundial de cobre, litio, níquel y otros minerales críticos, y América Latina tiene una parte importante de esas reservas. También necesita miles de kilómetros de nuevas líneas de transmisión y una enorme capacidad de generación renovable. Aprovechar esa oportunidad exige explorar, probar tecnologías nuevas y construir en territorios donde, con frecuencia, las economías criminales ya están presentes. Si el riesgo público no se gestiona, la región puede perder buena parte de esa ventaja.
Las decisiones que se toman hoy definen la producción de mañana. Como recordó el presidente de la Cámara Minera de México al presentar su informe anual de 2026, las inversiones de hoy solo se reflejan en producción varios años después, y por eso pidió recuperar la exploración. En México, el freno a los nuevos proyectos tiene varias causas, entre ellas la falta de permisos. Pero la inseguridad es una de las más persistentes: los inversionistas consultados por el Fraser Institute señalaron la seguridad y la estabilidad política como sus principales dudas, y el país cayó al puesto 36 de 68 en su índice de atracción de inversión minera.
El costo también se ve en los presupuestos. Según la Camimex, sus empresas afiliadas más que triplicaron su gasto en seguridad entre 2018 y 2025, al pasar de 32,9 a 112,24 millones de dólares, y estiman que en 2026 llegará a 123,4 millones. Cada dólar que se gasta en blindar una operación es un dólar que no se invierte en investigación, digitalización o eficiencia.
Seis formas en que se pierde la innovación
La tabla siguiente resume las seis formas en que las economías criminales frenan la innovación en los sectores productivos y lo que cada una le cuesta a la empresa y a la región.
| Cómo se pierde la innovación | Qué ocurre en la práctica | Qué se deja de ganar |
|---|---|---|
| Proyectos que nunca empiezan | Exploración suspendida o descartada por el riesgo territorial | Nuevos yacimientos, empleo y regalías futuras |
| Proyectos que se quedan en piloto | Tecnologías probadas en un sitio que no se escalan a otras zonas | Productividad, seguridad y menor impacto ambiental |
| Talento que no llega | Geólogos, ingenieros e investigadores que evitan las regiones afectadas | Capacidades técnicas y formación de talento local |
| Conocimiento que se pierde o se roba | Profesionales asesinados o desplazados; planos y modelos filtrados a grupos ilegales | Años de investigación y ventaja competitiva |
| Presupuesto desviado | Recursos de innovación que terminan en seguridad | Inversión en investigación, digitalización y transición energética |
| Alianzas que se rompen | Universidades, emprendimientos y proveedores locales que no pueden trabajar en la zona | Un ecosistema de innovación propio y soluciones a la medida |
1. Proyectos que nunca empiezan
La exploración es la fase más expuesta de cualquier proyecto minero o energético. Los equipos son pequeños, se mueven por zonas remotas y aún no cuentan con la infraestructura de seguridad de una operación preparada para enfrentar los factores del riesgo público. Cuando un territorio se vuelve demasiado riesgoso, la empresa simplemente no explora. Y lo que no se explora hoy no se convierte en una mina, un campo o una central dentro de diez años.
2. Proyectos que se quedan en piloto
Muchas innovaciones se prueban primero en un solo sitio: un nuevo método de sostenimiento de túneles, un sistema de monitoreo remoto, una planta solar para una operación aislada o una técnica de construcción industrializada. Si la prueba funciona, el siguiente paso es llevarla a otros proyectos. Pero cuando esos otros proyectos están en territorios con presencia criminal, la empresa duda en arriesgar equipos costosos y personal especializado. El piloto exitoso se queda en piloto.
A esto se suman los costos indirectos. Las aseguradoras cobran primas más altas o excluyen ciertas zonas, los proveedores de tecnología exigen garantías adicionales para enviar sus equipos y sus técnicos, y los socios internacionales piden análisis de riesgo más exigentes antes de comprometer recursos. Cada uno de estos filtros es razonable por separado, pero juntos hacen que innovar en un territorio inseguro sea más lento, más caro y menos atractivo que hacerlo en cualquier otro lugar.
3. Talento que no llega
Los profesionales más calificados pueden elegir dónde trabajar. Muchos geólogos, ingenieros e investigadores, y sobre todo sus familias, evitan las regiones afectadas por la violencia. Las empresas deben pagar primas más altas, rotar con más frecuencia al personal o renunciar a ciertos perfiles. Al mismo tiempo, se pierde la oportunidad de formar talento local, porque los programas de capacitación y las alianzas con universidades regionales se debilitan cuando el territorio es inseguro.
El caso de Pánuco lo muestra con claridad. Según los familiares, al menos siete de los trabajadores secuestrados eran de Hermosillo, en Sonora, y otro de Chihuahua: profesionales que habían viajado cientos de kilómetros para trabajar en el proyecto. Después de una tragedia así, convencer a otros especialistas de ocupar esos puestos es mucho más difícil, y no solo para esa empresa, sino para todo el sector en la región.
4. Conocimiento que se pierde o se roba
El conocimiento técnico de una empresa, como los modelos geológicos, los planos de una mina o la información sobre la ubicación de las mejores vetas, tiene enorme valor. Para los grupos criminales, también. Como veremos en el caso colombiano, ese conocimiento puede convertirse en un objetivo. Y cuando la violencia alcanza a los profesionales que lo producen, como en La Clementina, se pierde además la memoria técnica que solo ellos tenían.
5. Presupuesto desviado
El último efecto es el más fácil de medir y, sin embargo, rara vez se analiza como un costo de innovación. El dinero destinado a vigilancia, escoltas, blindajes y reparaciones por sabotaje compite directamente con el presupuesto de investigación y desarrollo. En empresas con márgenes ajustados, esa competencia casi siempre la gana la seguridad, porque es urgente. La innovación, que es importante pero no urgente, queda para después.
6. Alianzas que se rompen
La innovación rara vez la hace una empresa sola. Depende de alianzas con universidades, centros de investigación, emprendimientos tecnológicos y proveedores locales que desarrollan soluciones a la medida. Cuando el territorio es inseguro, esas alianzas se debilitan: los investigadores no pueden hacer trabajo de campo, los estudiantes no pueden hacer prácticas, los emprendedores no consiguen financiación para probar sus soluciones en zonas de riesgo y los proveedores locales más innovadores son los primeros en recibir presiones o en cerrar. El resultado es un ecosistema de innovación más pobre, que depende cada vez más de soluciones importadas.
Un caso de cerca: Buriticá, la guerra por el conocimiento bajo tierra
En el municipio de Buriticá, en el occidente de Antioquia, la minera Zijin-Continental Gold opera uno de los proyectos de oro subterráneo más importantes de Colombia, declarado Proyecto de Interés Nacional Estratégico. Es una operación moderna, con túneles diseñados con ingeniería avanzada y equipos especializados. Desde hace años, también es el escenario de una guerra subterránea con la minería ilegal controlada por el Clan del Golfo.
El Clan del Golfo se convirtió desde 2021 en el gran dinamizador de una red de minería ilegal que logró llegar con precisión a los túneles de la empresa. La precisión no era casual: medios de comunicación locales reportaron la existencia de una investigación contra un exvicepresidente de la compañía por presuntamente filtrar al grupo los planos de las vetas y de la mina. Si se confirma, sería un ejemplo extremo de cómo el conocimiento técnico de una empresa puede terminar al servicio de una economía criminal. De acuerdo con la información citada por el mismo medio, la minería ilegal en la zona usaría alrededor de 120 toneladas de explosivos al año.
Los efectos sobre la operación han sido profundos. En 2023, la Asociación Colombiana de Minería informó que la mitad de las operaciones de Zijin en Buriticá estaba invadida de alguna forma por mineros ilegales, que bloqueaban las entradas con cilindros bomba para impedir que la empresa avanzara en sus túneles. Ese año, la explosión de un cilindro bomba dejó dos contratistas muertos y 14 heridos, entre ellos cuatro policías. Días después, un túnel fue incendiado y se dañaron equipos especializados, como un robot para lanzar concreto y un camión mezclador de bajo perfil. Los trabajadores tuvieron que empezar a moverse con acompañamiento de la fuerza pública y chalecos antibalas.
El conflicto tiene además una dimensión social que no puede ignorarse. En los túneles de Buriticá trabajan también mineros informales de la región, y sus testimonios recogidos por la prensa muestran acusaciones cruzadas con la empresa sobre el uso de la fuerza dentro de las minas. Detrás de ellos está el Clan del Golfo, que organiza, financia y controla buena parte de la actividad ilegal. Esta mezcla de informalidad, necesidad económica y control criminal, que analizamos en el Artículo 2, hace que la solución no sea solo policial.
La situación no se ha resuelto. En enero de 2025, mineros ilegales usaron explosivos para fracturar la roca y conectar sus labores con la mina Higabra; el ataque destruyó una subestación eléctrica, provocó acumulación de gases y el colapso del sistema de bombeo, que inundó las rampas principales. En junio de 2025, la policía recuperó parte de un túnel que llevaba cinco años en manos de una red criminal y estimó que la operación ilegal controlada por el Clan del Golfo involucraba entre 1.500 y 2.000 personas. Y en mayo de 2026, un nuevo ataque con explosivos en el túnel Higabra, mientras se hacían labores de relleno, mató a un contratista e hirió a otro trabajador. La empresa advirtió que la situación se había salido de control.
Buriticá muestra todas las formas en que se pierde la innovación. Los túneles diseñados con tecnología de punta se convierten en rutas para la minería ilegal. Los equipos más avanzados son destruidos. La información técnica se vuelve un objetivo. El presupuesto se va en seguridad y reparaciones. Y los ingenieros y técnicos que deberían estar mejorando los procesos trabajan con chaleco antibalas. Lo que debía ser una vitrina de la minería moderna en Colombia se ha convertido también en un recordatorio de lo que cuesta innovar en un territorio disputado.
Lo que está en juego para cada sector
Para la minería, el riesgo es quedarse sin la próxima generación de proyectos, justo cuando la demanda de minerales críticos para la transición energética abre una oportunidad histórica para América Latina. Para el sector energético, es que los proyectos de energía renovable y de transmisión, que suelen ubicarse en zonas rurales y atravesar muchos territorios, avancen más lento o no se construyan. Para la construcción, es que la industrialización, la digitalización y los sistemas constructivos sostenibles se queden en las grandes ciudades y no lleguen a las regiones que más los necesitan.
Recomendaciones
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Medir el costo de oportunidad. Incluir en los informes de riesgo los proyectos que no se iniciaron, los pilotos que no se escalaron y el presupuesto de innovación desviado a seguridad.
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Proteger el conocimiento técnico. Tratar los modelos geológicos, planos y datos de operación como información crítica, con controles de acceso, trazabilidad y verificación del personal que los maneja.
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Diseñar la exploración y los pilotos con criterios de seguridad. Evaluar el riesgo territorial antes de enviar equipos de campo y definir condiciones claras para suspender o reanudar actividades.
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Aprovechar el trabajo remoto y digital. Como hizo Vizsla Silver, avanzar a distancia en las tareas de ingeniería que no requieren presencia en el terreno, y reducir la exposición del personal especializado.
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Proteger las alianzas con la academia. Diseñar con universidades y centros de investigación protocolos de seguridad para el trabajo de campo, de modo que la investigación no se detenga.
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Innovar también en seguridad. Usar la propia capacidad de innovación de la empresa para desarrollar mejores sistemas de monitoreo, trazabilidad y protección, en alianza con el Estado y con otras empresas del sector.
Lo que viene
El costo invisible de las economías criminales no aparece en los estados financieros, pero define el futuro de las empresas y de las regiones donde operan. Cada exploración suspendida, cada piloto que no se escala y cada profesional que no llega es una oportunidad que se pierde.
En el Artículo 7, “Del gerente al líder de cuadrilla”, veremos cómo el riesgo público recorre la cadena de mando y por qué los mandos medios y los líderes de base son los más expuestos y los menos protegidos.







