Escudo de las Américas: las empresas entre dos fuegos

Extorsión criminal y sanciones internacionales: lo que arriesga una compañía al pagar, ceder o callar

Con la creación del Escudo de las Américas y el ingreso de Colombia a esta coalición, la región entró en una nueva etapa de presión contra las economías criminales transnacionales. En medio quedan las empresas legales. Para ellas, pagar una extorsión, ceder a una presión o mirar hacia otro lado ya no es solo un riesgo de seguridad: puede convertirse en un riesgo penal, financiero, operativo y reputacional de alcance internacional.

Una lista de 24 nombres de mayor impacto y para tener en cuenta

En septiembre de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que su gobierno y los de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago habían firmado un memorando de entendimiento para enfrentar el crimen transnacional. Era su primera acción conjunta, y tenía un objetivo concreto: 24 organizaciones criminales, varias de ellas designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas.

La lista incluye a buena parte de los grupos que han aparecido en esta serie: el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC en Colombia; Los Lobos y Los Choneros en Ecuador; el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho en Brasil; el Tren de Aragua; Sendero Luminoso en Perú; y varios cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Los gobiernos firmantes anunciaron que unirían esfuerzos para imponer de forma colectiva sanciones y otras medidas contra esos grupos, y que coordinarían designaciones y acciones financieras. También señalaron que la soberanía económica se defiende cuando el capital que entra a sus países es transparente y verificable, y se comprometieron a explorar mecanismos de revisión de inversiones y a proteger las cadenas de suministro de minerales críticos.

Para una empresa que opera en territorios donde esos 24 grupos tienen presencia, el mensaje es claro. Cualquier relación con ellos, aunque sea forzada, aunque sea indirecta y aunque se haya hecho “para poder trabajar”, puede quedar bajo la lupa de varios gobiernos al mismo tiempo.

Qué es el Escudo de las Américas

El Escudo de las Américas, conocido oficialmente como Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), nació en marzo de 2026, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en una cumbre en Doral, Florida, una proclamación que estableció la coalición con representantes de 17 países. Según la Casa Blanca, se trata de una alianza para compartir inteligencia y coordinar operaciones con el fin de desmantelar redes de cárteles y organizaciones que Washington califica como narcoterroristas.

Colombia formalizó su ingreso el 12 de agosto de 2026 en Ciudad de Panamá y se convirtió en el miembro número 19. El Ministerio de Defensa colombiano afirmó que la decisión reafirma el compromiso del país con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, y el ministro de Defensa sostuvo que la adhesión fortalece y no sustituye la soberanía nacional. Medellín fue anunciada como sede de las actividades de la iniciativa en Colombia.

El Escudo es objeto de debate. Sus defensores destacan que ningún país puede enfrentar solo amenazas que no reconocen fronteras. Sus críticos cuestionan el uso de la fuerza militar, recuerdan que la campaña paralela de ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico ha dejado más de 200 muertos sin evidencia de que haya reducido el flujo de drogas, según InSight Crime, y en Colombia han surgido preguntas sobre los límites constitucionales a la presencia de tropas extranjeras. Este artículo no toma partido en ese debate. Su objetivo es analizar qué significa este nuevo escenario para las empresas legales.

La economía formal en el medio

Durante años, muchas empresas de la región operaron en una zona gris. Sabían que en ciertos territorios había que “arreglar” con el grupo armado para que “dejen trabajar”, y lo hacían a través de contratistas, intermediarios o pagos difíciles de rastrear. El cálculo, como lo resumió un exministro de Minas y Energía de Colombia citado en esta serie, era que resultaba más barato pagar y arriesgarse a sanciones que negarse y no poder operar.

El Escudo de las Américas cambia ese cálculo. Por un lado, las economías criminales siguen presionando: cobran, amenazan y atacan. Por el otro, los Estados coordinan sanciones, comparten inteligencia y persiguen las finanzas de esos grupos con más fuerza. La empresa queda entre dos fuegos. Si cede ante el crimen, se expone ante el Estado. Si se niega, se expone ante el crimen. La única salida sostenible es una respuesta institucional, documentada y coordinada con las autoridades.

Las consecuencias de pagar, ceder o participar

La tabla siguiente resume las conductas más frecuentes que pueden comprometer a una empresa y sus posibles consecuencias. No todas implican la misma responsabilidad, y cada caso depende de las leyes de cada país y de las circunstancias concretas, por lo que siempre debe revisarse con asesoría jurídica especializada.

1. Consecuencias penales y legales

La ley estadounidense sanciona el apoyo material a organizaciones designadas como terroristas, y las designaciones como terrorista global permiten bloquear bienes y prohibir transacciones. Varios países de la región tienen además normas propias: en Colombia, por ejemplo, el Código Penal sanciona la financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada. El caso de Chiquita Brands, analizado en el Artículo 3, muestra hasta dónde puede llegar esa exposición: la empresa admitió en Estados Unidos haber hecho pagos a un grupo designado como terrorista, un jurado la declaró responsable civilmente y siete exdirectivos de su filial fueron condenados en Colombia por concierto para delinquir agravado.

Haber sido víctima de una extorsión puede ser un argumento importante a favor de la empresa, pero no es una protección automática. Su peso depende de que la coacción sea real y esté documentada, de que se haya denunciado ante las autoridades y de que los pagos no se hayan convertido en una relación permanente. Como advirtió la Personería de Segovia, en medio de operativos contra la minería ilegal las autoridades podrían interpretar ciertos pagos no como extorsión, sino como colaboración con un grupo armado.

A esto se suman la extinción de dominio sobre bienes vinculados a actividades ilícitas, las sanciones por incumplir los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, como el SAGRILAFT en Colombia, y la responsabilidad personal de los directivos que autorizaron o toleraron los pagos.

2. Consecuencias financieras y comerciales

Las sanciones coordinadas tienen efectos que van más allá de los tribunales. Un banco puede cerrar las cuentas de una empresa señalada para proteger su propia relación con el sistema financiero internacional. Un cliente extranjero puede suspender sus compras. Un inversionista puede retirarse. Y con el compromiso de los gobiernos del Escudo de proteger las cadenas de minerales críticos y revisar el origen de las inversiones, las empresas mineras y energéticas que no puedan demostrar la trazabilidad de su producción y de su capital pueden quedar por fuera de los mercados más exigentes.

3. Seguridad física y corporativa

Pagar no compra seguridad. La experiencia muestra que un pago suele traer nuevas exigencias, porque el grupo sabe que la empresa está dispuesta a ceder. En Segovia, según una fuente del sector minero citada por Teleantioquia, quien no paga debe cerrar e irse o se arriesga a que lo maten; pero quien paga queda atrapado en una relación de la que es muy difícil salir.

Además, la intensificación de las operaciones contra los grupos criminales puede elevar el riesgo en el corto plazo. Cuando la fuerza pública golpea a un grupo, este puede responder con represalias contra la infraestructura, el personal o las comunidades del área de influencia, como ocurrió en Segovia en julio de 2026, cuando un operativo contra la minería ilegal terminó en disturbios, bloqueos y una persona muerta. Las empresas deben prepararse para ese escenario con planes de contingencia, coordinación con las autoridades y protocolos de evacuación.

4. Seguridad industrial y laboral

Las operaciones militares y policiales en zonas productivas pueden obligar a suspender actividades, restringir desplazamientos o evacuar personal. Para los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, esto significa incorporar nuevos escenarios de riesgo: combates en el área de influencia, artefactos explosivos, bloqueos de vías y presión sobre los trabajadores locales, que pueden quedar en medio de la disputa. Los contratistas, como veremos en el Artículo 7, son los más expuestos y deben recibir la misma protección que el personal propio.

5. Consecuencias reputacionales

El daño reputacional suele ser el más duradero. Ecopetrol advirtió en su reporte a las autoridades de Estados Unidos, un caso que desarrollamos en el Artículo 8, que el robo de combustibles y los ataques a su infraestructura podían impactar su reputación. Si eso ocurre cuando la empresa es víctima, el impacto es mucho mayor cuando aparece señalada como colaboradora. Una investigación, una mención en una lista de sanciones o un titular sobre pagos a un grupo armado pueden afectar durante años la confianza de clientes, inversionistas, comunidades y trabajadores, como muestra el caso de Chiquita.

6. La participación indirecta

Muchas empresas creen estar a salvo porque nunca han pagado directamente. Pero la exposición también llega por terceros: un contratista que paga la “vacuna” con el dinero del contrato, un proveedor que es fachada de un grupo armado, un comprador de oro que mezcla material ilegal, un distribuidor que vende combustible robado o un cliente que usa a la empresa para lavar dinero. Con la coordinación de sanciones y acciones financieras del Escudo, la ignorancia deliberada sobre lo que hacen los terceros será cada vez más difícil de justificar.

Un caso de cerca: Antioquia, sede del Escudo de las Américas y epicentro del Clan del Golfo

Antioquia concentra como pocas regiones las tensiones de este nuevo escenario. Medellín fue anunciada como sede de las actividades del Escudo de las Américas en Colombia. Y en el mismo departamento opera con fuerza el Clan del Golfo, el grupo armado más poderoso del país, designado por Estados Unidos como organización terrorista en diciembre de 2025 e incluido en la lista de 24 organizaciones contra las que los gobiernos del Escudo coordinarán sanciones.

La presión sobre las finanzas del grupo es creciente. En febrero de 2026, la Fiscalía colombiana, con la Policía Nacional y la Guardia Civil española, capturó a un hombre señalado como uno de los principales coordinadores del lavado de activos del Clan del Golfo, que usaba el método hawala para mover recursos. En marzo de 2026, la Fiscalía incautó más de 60 bienes asociados al grupo en Antioquia, avaluados en cerca de 73.000 millones de pesos. Y otra investigación reveló que una red al servicio de sus finanzas utilizaba sociedades de papel vinculadas a la logística portuaria, la hotelería y el sector inmobiliario para formalizar recursos cercanos a 53.000 millones de pesos, con arriendos cobrados en efectivo y sin contratos.

Al mismo tiempo, el Clan del Golfo sigue presionando a la economía legal. En Segovia, en el Nordeste antioqueño, la Personería alertó en marzo de 2026 que el grupo estaría exigiendo el 10 % de la producción de las unidades mineras como una “participación obligada”. En abril, unos 40 hombres armados asaltaron una mina operada por Aris Mining y se llevaron más de 2.000 kilos de material con oro. En Buriticá, la minera Zijin-Continental Gold enfrenta desde hace años la invasión de sus túneles por una red de minería ilegal dinamizada por el mismo grupo, y en mayo de 2026 un nuevo ataque con explosivos mató a un contratista.

El caso muestra las dos caras del escenario que enfrentan las empresas. Por un lado, el Estado y sus aliados internacionales están persiguiendo cada vez con más fuerza los recursos del Clan del Golfo, incluidas las empresas legales que le sirven para lavar dinero. Por el otro, el grupo sigue exigiendo pagos a mineros, contratistas y comerciantes. Una empresa que paga en Segovia, que compra oro sin trazabilidad en el Bajo Cauca o que arrienda un inmueble en efectivo a un testaferro en Urabá puede terminar dentro de una investigación que hoy cuenta con cooperación de varios países.

La lección para las empresas que operan en Antioquia, y en cualquier región donde actúen los grupos de la lista, es que la neutralidad ya no existe. La única posición segura es la de una empresa que no paga, que denuncia, que documenta cada presión, que conoce a sus terceros y que trabaja de la mano con las autoridades.

¿Qué deben hacer las empresas?

Conclusión

El Escudo de las Américas busca reducir el espacio de las economías criminales transnacionales. Su efectividad y sus métodos seguirán siendo objeto de debate. Pero, para las empresas legales, una consecuencia ya es clara: la tolerancia frente a cualquier forma de colaboración con esos grupos, voluntaria o forzada, directa o indirecta, deberá ser cada vez menor.

En este nuevo escenario, la mejor protección para una empresa no es negociar en silencio con el crimen, sino demostrar con hechos que no lo hace: con políticas, controles, denuncias, trazabilidad y una cultura de la legalidad que llegue desde la junta directiva hasta el último contratista en el terreno.

Lo que viene

Con este artículo cerramos el enfoque estratégico de la serie. Vimos que las seis economías criminales forman una red, que en muchos territorios llegan a gobernar, que el riesgo público debe gestionarse desde la alta dirección incluyendo a la junta directiva y que el Escudo de las Américas eleva las consecuencias de cualquier forma de colaboración con el crimen.

En el Artículo 5, “El dilema del líder: decidir bajo presión criminal”, comenzamos el enfoque táctico: cómo toman decisiones los gerentes de área y de proyecto cuando el crimen organizado está presente, y cómo evitar que las tomen solos.