El Riesgo Público vs el programa de SST en las empresas de Vigilancia y en la seguridad Física
La violencia y el terrorismo se manifiesta en todos los casos, con conductas de agresión en el ambiente social, y las empresas no han sido ajenas a este fenómeno. El gobierno de turno debe destinar de los impuestos recursos para fortalecer los organismos de seguridad, con el fin de prevenir y controlar este tipo de conductas, Igualmente, las empresas para mejorar sus controles internos y para diseñar medidas destinadas a la protección de sus intereses, deben igualmente incluir en sus presupuestos gastos adicionales que impactan el valor final de los productos; considerando, la continua presión delincuencial en el ambiente sociolaboral en el que se desarrollan los negocios, presión que busca obtener recursos de la economía formal a través de la extorsión, el secuestro y otras conductas criminales. Hacer empresa y aportar al crecimiento social en estas condiciones es un continuo reto, para mantener ambientes tranquilos de trabajo y afrontar accidentes de trabajo originados en situaciones relacionadas con la violencia y el terrorismo, que en la práctica nada tienen que ver con los procesos productivos y que no hacen parte de la cadena de producción o comercialización de una empresa.
Los trabajadores en todos los niveles están siendo involucrados. Unos de manera directa como ingenuos actores del crimen, habiendo sido contactados o comprometidos de manera aparentemente legal, pero que luego sin quererlo, se ven envueltos en actos de agresión contra su propia empresa, omitiendo controles, permitiendo conductas relajadas, facilitando actos ilícitos, entregando información valiosa, o actuando directamente en favor de un grupo delincuencial. Muchos otros, terminan siendo víctimas directas de compañeros de trabajo, incógnitos afectados, o simplemente afligidos espectadores de conductas que en nada tienen relación con los procesos productivos, y que no aportan valor al mejoramiento de los niveles de vida de la sociedad colombiana, ni al crecimiento de la economía del país.
Para ejecutivos del nivel superior, o con responsabilidades consideradas críticas, su cargo ha sido el principal elemento atractivo para agresores. Cabezas visibles de las empresas, representantes legales, directivos, o funcionarios con responsabilidades que generan impacto en la opinión pública, decisiones que afectan personas o grupos de personas; asistentes que administran información sensible, mandos medios con funciones de control en procesos críticos, visitadores comerciales, visitadores técnicos en áreas contaminadas de delincuencia, mensajeros, el transporte de valores, y hasta operarios claves dentro de un proceso de producción; han sido el blanco más frecuente.
A menudo ocurren, además, actos indiscriminados de agresión, como atracos con armas de fuego, taquillazos, y atentados en los que las víctimas han sido trabajadores. Pero no podemos ignorar que también malos hábitos individuales, reiterados descuidos, conductas dolosas intralaborales o extralaborales, y el interés por el dinero fácil, que conllevan a resolver conflictos por las vías de hecho, y que se han visto reflejados en actos de agresión. Son innumerables los elementos que hoy por hoy componen los factores de riesgo originados en la violencia y el terrorismo, dentro de la empresa, y que afectan la salud laboral.
Los riesgos más comunes en el nivel directivo son en su orden, la extorsión, el secuestro y los atentados selectivos, pero, hemos identificado distintos riesgos asociados, que tienen que ver por ejemplo, con el atraco callejero que se convierte en secuestro, conductas o compromisos que estimulan la corrupción y que terminan siendo chantaje, y otros riesgos que son extensivos al ámbito familiar – cuando el riesgo proviene de allí – dentro de una manipulación delincuencial a uno de sus allegados, o cuando una nueva víctima es el elemento de presión mediante el cual puede tener éxito una negociación delincuencial.
Surge entonces una reflexión adicional (…) si hemos identificado y estamos llamando la atención sobre algunas deficiencias corporativas y/o de los responsables de salud laboral en las empresas para atender este tipo de apoyo, a su colaborador directo, hasta donde el soporte pudiera ser extensivo a sus familiares?. Seguramente que la respuesta más sencilla será: “que los modelos de relación contractual de las empresas, y las responsabilidades corporativas están diseñados para atender a sus colaboradores directos e indirectos y sería muy complicado, además de costoso, extenderlos a su familia”. Sin embargo, sería muy interesante pensar en beneficios extrasalariales más coherentes para cargos con cierta sensibilidad a riesgos originados en violencia y terrorismo, pero que, por su puesto, esto incrementaría los costos de producción, y desestimularía la inversión en nuestra economía.
El problema es un poco más crítico, en grupos de seguridad y protección, quienes deben garantizar la tranquilidad en el ambiente laboral, y en donde este tipo de riesgos componen su día a día, y se incrementan aún más, cuando nos percatamos que sus herramientas de trabajo son las armas de fuego, y que desde allí se originan dos tipos de riesgo muy importantes: uno de agresión por la necesidad del delincuente de obtener un arma para facilitar la intimidación, y otro los accidentes que son periódicos por los niveles de presión, tensión, acoso, cansancio y frecuente falta de entrenamiento adecuado.
Es curioso encontrar en empresas de vigilancia y departamentos de seguridad, programas de SST enfocados hacia la identificación de riesgos ergonómicos en personal administrativo, por ejemplo, y otros de oficina que son importantes pero que conforman un mínimo porcentaje de los riegos reales de la operación y que se derivan de las responsabilidades de protección de Vigilantes y Escoltas, además, de los riesgos de accidentalidad en vehículos motorizados (patrullas y motocicletas), quienes por la presión de resultados, y por otras razones producto de paradigmas de la seguridad en sus líderes, cometen imprudencias que al final desbordan en accidentes de trabajo, con lesiones y víctimas.
En el día a día se asumen riesgos innecesarios. Supervisores de puestos de vigilancia en una motocicleta con armas de fuego en un maletín a sus espaldas, solos en vías urbanas o rurales y expuestos a morir por la imprudencia de quien desde un escritorio le ha ordenado esta osada actividad, mismo, que debe conocer los decretos que para el transporte de armas y explosivos ha emitido el Ministerio de Defensa, y que debe controlar la Superintendencia de Vigilancia Privada, pero “lo urgente es prioridad”. Lo urgente es consecuencia proporcional de la poca planeación. Otros quienes son conscientes de colocar un hombre de seguridad en un puesto de trabajo con un arma que no funciona, o con munición dañada, pero que por la necesidad “urgente” que tiene quien desde su escritorio no planea adecuadamente, y tampoco asume el riesgo de una reacción mentirosa, se le olvida, que ese puesto de vigilancia ha sido comprado y/o contratado por un usuario, por considerar que tiene allí un riesgo real en donde puede ocurrir una agresión que debe ser contrarrestada con un vigilante armado y preparado para actuar. Otros muchos quienes pregonan equivocadas instrucciones disuasivas de hacer tiros al aire, y cometer un sinfín de ligerezas, descuidos, omisiones y violaciones a las normas de prevención para proteger la vida y salud laboral de los trabajadores de la seguridad.
Las academias de Vigilancia creadas para mejorar y profesionalizar los servicios de seguridad, dentro de sus programas, qué tanto están trabajando sobre la formación de verdaderos líderes responsables de los dispositivos de vigilancia de las empresas, pero equilibrados a la hora de responder también por reducir riesgos innecesarios en sus trabajadores, y velar realmente por la salud laboral de los vigilantes en sus puestos de trabajo. Hasta donde la Superintendencia de Vigilancia Privada tiene el control sobre los instructores y docentes responsables de la formación de los grupos de seguridad en términos de competencias e idoneidad, para este tipo de responsabilidad en las academias. La realidad dista mucho de las intenciones institucionales y del objetivo de las normas que regulan esta actividad, y tiene que ver más con el permanente maquillaje para cumplir con lo “mínimo” defendiendo los márgenes de rentabilidad para empresarios, a costa de riesgos en la base de las empresas. Este maquillaje, es producto de una equivocada interpretación de técnicas que aporta la disuasión como un elemento más dentro de las estrategias de prevención, pero que en la cultura de nuestra seguridad hace parte ya de uno más de los paradigmas, y se refleja en procedimientos no aplicables, resultados mentirosos, desperdicio de recursos, acciones injustificadas, imaginarias competencias, perfiles inflados, aparentes capacidades, y otros muchos elementos que al final se traducen en accidentes de trabajo reales con reales lesiones.
En este somero análisis del “Riesgo Público” en los programas de SST, nos encontramos entonces que en las empresas existen unas personas con riesgos reales originados por su cargo y sus responsabilidades frente a la operación misma de la empresa y a los procesos de producción, dentro de una sociedad afectada por la violencia y el terrorismo. Luego, está la empresa que dispone de unas herramientas para reducir este tipo de riesgos, compuesta entre otras cosas, por otras personas expuestas a riesgos más frecuentes y severos, que además están construyendo ambientes hostiles de trabajo en contextos propios. Y existe un tercer grupo de personas originadoras de los riesgos, quienes cuentan con un escenario cada vez más propicio para sus actividades criminales, y que se están incrementando, estimulados por factores propios de la economía informal, los índices de desempleo, el dinero fácil, la relajación moral y la cultura del rebusque.
Surgen entonces un par de reflexiones adicionales: ¿Hasta donde las estrategias de prevención apuntan a reducir riesgos reales?, o por el contrario, ¿Se están incubando otros más costosos?, y la segunda: ¿Hasta dónde llega la gestión de los responsables de la salud laboral, y cómo involucrar en los programas de SST los factores de Riesgo Público?
