Seis economías, una sola red:
El narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión, el lavado de activos y el nexo con el terrorismo no son seis problemas distintos. Son seis tipos de negocio de una misma red, y esa red opera justamente en los territorios donde se construyen las minas, las centrales de energía, las carreteras y las obras estratégicas de infraestructura de América Latina.
Un contenedor que sale de Guayaquil
Imagine un contenedor de banano que sale del puerto de Guayaquil rumbo a Amberes. En los documentos es una exportación legal: tiene un productor, un transportador, un agente de aduanas y un comprador europeo. Pero entre las cajas viajan varios cientos de kilos de cocaína.
El contenedor puede hacer escala en el Caribe o en un puerto de África Occidental antes de llegar a Bélgica. En el viaje de regreso, otra carga puede traer drogas sintéticas fabricadas en Europa, que en Sudamérica se usan como moneda para pagar más cocaína. Las ganancias de la operación se lavan luego en oro, en combustibles, en bienes raíces o en una fintech.
Nada de esto es hipotético. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó en su reporte mundial de 2026 que la producción de cocaína alcanzó un récord de 4.100 toneladas en 2024, cuatro veces más que hace una década. Europol, por su parte, encontró que una de cada cinco de las redes criminales más peligrosas que operan en la Unión Europea (149 de 731) tiene vínculos con América Latina.
El contenedor resume la idea central de este artículo. Detrás de un solo envío hay varias economías ilegales funcionando al mismo tiempo: el narcotráfico, la extorsión a quienes cargan y transportan, la corrupción en puertos y aduanas, y el lavado de las ganancias. Y cada eslabón de esa cadena toca empresas legales y a sus trabajadores.
Una región que paga la factura más alta
América Latina carga con una parte desproporcionada del costo del crimen organizado en el mundo. Según estimaciones recogidas por la ONU, el crimen le costó a la región cerca de 192.000 millones de dólares en 2022, el 3,44 % de su PIB. La región, junto con África subsahariana, concentra cerca de dos tercios de las víctimas de homicidio del planeta.
El Banco Mundial considera el crimen organizado uno de los problemas más urgentes de una región que ya tiene el crecimiento económico más bajo del mundo. Identifica cuatro formas en que los grupos criminales frenan el desarrollo: monopolizan mercados legales e ilegales en sus territorios, cobran “impuestos” sobre servicios básicos, extorsionan a negocios legales y compran funcionarios.
El cambio más importante de los últimos años no es solo el tamaño del problema, sino su forma. Un informe de la ONU publicado a comienzos de octubre de 2026 advierte que varios carteles que vivían de la cocaína, la heroína y las metanfetaminas se transformaron en redes “policriminales”. Hoy tienen intereses en agricultura, minería, pesca y recursos naturales, y están cada vez más mezclados con la economía legal.
Dicho de otra manera: el crimen organizado latinoamericano ya no es solo un problema de seguridad pública. Se ha convertido ahora en un competidor, un proveedor, un cliente y a veces un “socio” no deseado de las empresas formales. Y donde más presente está es en los territorios ricos en recursos naturales, en las rutas de transporte y en las ciudades en crecimiento; es decir, donde están los proyectos mineros, energéticos y de construcción.
Para los líderes empresariales esto cambia la pregunta. Ya no basta con preguntar si hay riesgo de seguridad en una zona. Hay que preguntar qué economías criminales operan allí, qué quieren de la empresa y cómo pueden llegar a sus trabajadores.
Las seis economías y cómo se conectan
La tabla siguiente resume las seis economías criminales que analiza esta serie, sus actores más visibles y su alcance internacional.
| Economía criminal | Actores emblemáticos | Alcance transnacional |
|---|---|---|
| 1. Narcotráfico | Clan del Golfo, ELN, FARC, Cártel de Sinaloa, PCC, redes ecuatorianas | Norteamérica, Europa, África Occidental, Asia y Oceanía |
| 2. Minería ilegal y delitos ambientales | Clan del Golfo, ELN, FARC, PCC, Comando Vermelho, disidencias armadas | Amazonía y Escudo Guayanés; oro ilegal que entra a circuitos formales |
| 3. Tráfico de migrantes y la trata de personas | Tren de Aragua y redes asociadas | Sudamérica, México y Estados Unidos |
| 4. Extorsión y gobernanza criminal | Cárteles mexicanos, bandas peruanas y ecuatorianas, grupos armados colombianos | Modelo replicado mediante alianzas en toda la región |
| 5. Lavado de activos e infiltración | PCC (caso Carbono Oculto), cárteles y operadores financieros | Fintechs, fondos de inversión, comercio exterior |
| 6. Nexo crimen-terrorismo | Redes vinculadas a Hezbollah; ELN y disidencias FARC; grupos designados por EE. UU. | Triple Frontera, Medio Oriente y rutas globales de financiamiento |
1. Narcotráfico: el capital inicial
La cocaína sigue siendo el gran motor financiero del sistema. Además del récord de producción, la UNODC reporta que los grupos criminales llevan volúmenes crecientes a mercados nuevos en África y Asia. Las alianzas son globales: grupos como el Clan del Golfo, el ELN, Las disidencias de las FARC o el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil hacen negocios con redes europeas, mientras la 'Ndrangheta italiana y grupos albaneses se instalan en la región para controlar el producto desde su origen. Antes de la captura de su antiguo líder, alias Otoniel, el Clan del Golfo movía alrededor de 20 toneladas de cocaína al mes, parte de ellas escondidas en contenedores de banano con destino a puertos como Róterdam y Amberes. El narcotráfico aporta el dinero con el que luego se financian las demás economías.
2. Minería ilegal y delitos ambientales: la economía que más crece
La tala ilegal, la minería ilícita de oro, el tráfico de fauna y la pesca ilegal forman un mercado mundial estimado en hasta 281.000 millones de dólares al año, que crece casi tres veces más rápido que la economía legal. Según la FACT Coalition, cerca del 80 % del oro que Colombia exporta a Estados Unidos tendría origen ilegal. El oro es fácil de lavar, porque se mezcla con producción legal y pasa por intermediarios hasta entrar al comercio formal. International Crisis Group documentó en 2026 que hay grupos criminales operando en al menos el 67 % de los municipios amazónicos de seis países. En algunas zonas, el oro ya supera a la droga como fuente de financiamiento.
3. Tráfico de migrantes y la trata de personas: el negocio de las crisis
Las grandes migraciones de la región, en especial la venezolana, crearon un mercado de personas. El caso más estudiado es el Tren de Aragua, cuya principal fuente de ingresos no ha sido la droga sino el tráfico de migrantes y la trata de personas. Según el Banco Mundial, durante la pandemia el grupo pasó de cobrar por el paso de migrantes a tener sus propias empresas de transporte y alojamiento, y hoy combina esa actividad con préstamos “gota a gota”, microtráfico, secuestro y minería ilegal.
4. Extorsión y gobernanza criminal: el impuesto que nadie votó
Es la economía que más se siente en la vida diaria. En Colombia se le conoce popularmente como “vacuna”; en Perú, como “cupo”; en México, como “derecho de piso”. México Evalúa calcula que en ese país cuesta cerca del 2 % del PIB cada año, y en Perú los casos crecieron 478 % en cinco años, con el transporte y la construcción entre los sectores más golpeados. La extorsión es más que un cobro: es una forma de gobierno, porque quien cobra decide quién trabaja, quién vende y quién entra a un territorio.
5. Lavado de activos e infiltración de la economía formal: el puente hacia lo legal
El lavado convierte las ganancias de las otras economías en poder económico duradero. El caso más grande es la Operación Carbono Oculto en Brasil, que movilizó a 1.400 agentes en diez estados contra un esquema atribuido al PCC. Según la investigación, la facción se infiltró en toda la cadena de combustibles y en el mercado financiero, con fintechs y fondos de inversión que habrían movido decenas de miles de millones de reales. En septiembre de 2026, la Policía Federal imputó a 13 ejecutivos de fondos, corredoras de valores y fintechs.
6. El nexo crimen-terrorismo: una dimensión transversal
El terrorismo no es un negocio como los anteriores: es una forma de violencia con fines políticos. Pero se cruza con las otras cinco economías de tres maneras, con niveles de evidencia muy diferentes.
La primera es el financiamiento del terrorismo internacional con dinero del crimen: el caso más documentado es Hezbollah, al que tribunales atribuyeron los atentados de 1994 contra la AMIA en Buenos Aires y contra un vuelo comercial en Panamá, y cuya red se sospecha activa en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.
La segunda es el uso de tácticas terroristas por grupos criminales e insurgentes, como los ataques con drones en Colombia o las voladuras de oleoductos.
La tercera es la designación política: desde 2025, Estados Unidos ha calificado como organizaciones terroristas a más de una docena de grupos de la región, entre ellos el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo, el PCC y el Comando Vermelho.
Estas designaciones son discutidas. Quienes las apoyan dicen que dan herramientas más fuertes contra las finanzas criminales; los críticos advierten sobre la soberanía de los países y el riesgo de convertir un problema financiero en uno militar.
Para la empresa, lo importante es que esa calificación cambia el riesgo legal de cualquier contacto con esos grupos.
Por qué son una sola red
Las seis economías comparten lo esencial: rutas, efectivo, armas, funcionarios corruptos y mano de obra. Un mismo grupo puede traficar cocaína por un río, cobrar extorsión a las embarcaciones que lo navegan, explotar oro en sus orillas y lavar las ganancias en una empresa de transporte. Por eso, cuando un grupo controla un territorio por una economía, termina explotando las demás en ese mismo lugar. Y ese lugar suele ser el mismo donde una empresa necesita abrir una mina, tender una línea eléctrica o construir una carretera.
Por qué la minería, la energía y la construcción están en primera línea
Estos tres sectores comparten cuatro rasgos que los hacen especialmente atractivos para las economías criminales.
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Operan donde el Estado es débil. Minas, campos petroleros, líneas de transmisión y muchas obras de infraestructura están en zonas rurales o de frontera, donde los grupos ilegales ejercen control territorial. La empresa llega a un territorio que ya tiene “dueño”.
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Manejan bienes e insumos valiosos. Oro, cobre, combustibles, explosivos, acero y maquinaria pesada tienen valor en el mercado ilegal, y algunos sirven además para otras actividades criminales.
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Contratan mucha mano de obra local. Para un grupo criminal, controlar quién entra a trabajar es una fuente de recursos y de poder. En Perú, la federación de trabajadores de la construcción denuncia que las mafias usan sindicatos de fachada para entrar a las obras, vender puestos de trabajo y cobrar cuotas.
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Dependen de cadenas largas. Compras, transporte, almacenamiento y ventas: cada eslabón es una puerta de entrada para la extorsión, el robo, el lavado o el contrabando.
El costo humano ya es visible. En Pataz, Perú, trece trabajadores de una contratista de la minera Poderosa fueron secuestrados y asesinados en 2025, en una zona con al menos 39 trabajadores asesinados desde 2020.
Para los trabajadores, esto significa riesgos que no aparecen en una matriz tradicional de seguridad y salud en el trabajo: amenazas, secuestro, presión para colaborar, consumo de drogas en campamentos, desgaste psicológico y una cultura laboral donde lo informal y lo ilegal empiezan a parecer normales.
Un caso de cerca: Arauca, la energía bajo extorsión
El departamento de Arauca, en la frontera de Colombia con Venezuela, muestra mejor que ningún otro lugar cómo una economía criminal termina definiendo las reglas de un sector entero. Allí nace el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que atraviesa el norte del país hasta el mar Caribe y es la infraestructura petrolera más atacada por el ELN.
La relación entre la guerrilla y el petróleo es antigua. Según análisis citados por medios de prensa local, uno de los frentes del ELN en la zona nació financiándose con cobros a las petroleras a cambio de no volar la infraestructura. Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz y CODHES contó 3.659 acciones armadas contra la infraestructura petrolera durante el conflicto colombiano, con Caño Limón-Coveñas entre las zonas más afectadas.
Los atentados no son solo actos de violencia política. Analistas consultados por los mismos medios de prenas, explican que los ataques a oleoductos le sirven al ELN sobre todo para reforzar la extorsión sobre las petroleras y sus transportadoras. En agosto de 2024 el grupo volvió a atacar el oleoducto en Saravena, tras más de un año sin hacerlo, en medio de tensiones con el gobierno por las negociaciones de paz.
El impacto sobre las empresas ha sido directo. SierraCol Energy suspendió la extracción en los campos Caño Limón y Caricare después de recibir amenazas del ELN, y a comienzos de 2025 la prensa reportaba que los ataques repetidos tenían el oleoducto paralizado desde hacía siete meses. El Grupo Energía Bogotá se encontró con la red de extorsión del ELN cuando estudiaba construir una línea eléctrica para conectar Arauca con el sistema nacional, y su presidente describió el departamento como uno de los lugares más costosos de Colombia para hacer negocios. Un exministro de Minas y Energía resumió el dilema: “para muchas empresas resulta más barato pagar y arriesgarse a sanciones de Estados Unidos que negarse y no poder operar”.
Para los trabajadores, Arauca significa camiones y autobuses incendiados cuando circulan sin “permiso”, equipos de reparación que no pueden llegar a los tramos dañados y comunidades afectadas por derrames de crudo en ríos y quebradas. El caso reúne en un solo territorio varias de las seis economías: la extorsión, la violencia con tácticas terroristas y, en las zonas vecinas, el narcotráfico y el contrabando de frontera. Es exactamente el tipo de entorno donde la gestión del riesgo público deja de ser opcional.
Qué deben hacer las empresas desde ya
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Mapear las economías, no solo la violencia. Para cada país y proyecto, identificar cuáles de las seis economías operan en el área de influencia, qué grupos las controlan y qué podrían querer de la empresa.
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Llevar el tema a la junta directiva. El riesgo público debe estar en el mapa de riesgos corporativos, con un responsable en la alta dirección y seguimiento periódico.
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Revisar a fondo a los terceros. Contratistas, proveedores, transportadores y aliados locales son la puerta de entrada más común.
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Proteger a quienes están en el territorio. Mandos medios y trabajadores de campo necesitan protocolos claros, canales de denuncia seguros y respaldo institucional.
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Consultar a especialistas en temas legales. Con varios grupos designados como terroristas por Estados Unidos, cualquier pago o contacto puede tener consecuencias legales internacionales.
Lo que viene
El contenedor de Guayaquil resume la lección de este artículo: el crimen transnacional no ataca a las empresas solo desde afuera; se mueve por las mismas rutas, mercados y cadenas que ellas usan. Entender las seis economías como una sola red es el primer paso para gestionar el riesgo público con seriedad.
En el Artículo 2, “Cuando el crimen gobierna el territorio”, veremos qué pasa cuando estas redes dejan de solo traficar y empiezan a gobernar los municipios donde operan los proyectos: el empleo, los proveedores, los sindicatos y la autoridad local.
