Seguridad laboral en Colombia: un accidente cada minuto

Esta es la introducción a una serie de publicaciones sobre:

"Gestión del riesgo público en ambientes hostiles"

Este artículo inaugura una serie de treinta publicaciones adicionales a esta, académicas y técnicas sobre la gestión del riesgo público en ambientes de trabajo hostiles en Colombia.

Su propósito es doble:

…primero, documentar con datos verificados la magnitud y la tipología de la hostilidad que enfrentan los trabajadores y líderes del sector minero-energético y de construcción en el territorio colombiano;

…segundo, argumentar por qué la prevención y el autocuidado (individual y colectivo) deben ser reconocidos como competencias técnicas obligatorias para cualquier persona que opere en ese contexto, independientemente de su nivel jerárquico.

Examinaremos seis tipos de hostilidad laboral, sus causas estructurales y sus consecuencias documentadas sobre la salud laboral, la vida y el desempeño de los trabajadores.

Esta introducción cierra con la presentación de los cinco artículos mencionados y que componen la serie, sus propósitos específicos y su contribución al objetivo común: que cada trabajador de campo, cada líder de equipo y cada grupo de apoyo administrativo y operativo dispongan del conocimiento, la habilidad y la actitud para operar con seguridad en las condiciones reales del territorio colombiano.

I. Una cifra para empezar: 521.226

En pocas palabras: la seguridad laboral en Colombia enfrenta una crisis silenciosa, con sectores como minería y construcción soportando un peso desproporcionado de la tragedia.

Estas cifras, publicadas en marzo de 2025 por el Consejo Colombiano de Seguridad, tienen una particularidad que los promedios nacionales tienden a esconder: no se distribuyen de manera uniforme entre los sectores de la economía colombiana.

Pero esos números todavía no incluyen lo que este artículo necesita examinar:

Porque los sistemas de registro de siniestralidad laboral en Colombia capturan los accidentes de trabajo tal como los define la Ley 1562 de 2012: eventos repentinos, con nexo causal laboral, que producen lesión o muerte. Lo que no capturan con la misma precisión es el conjunto de eventos que los preceden, los rodean y los producen cuando el factor que los genera no es un riesgo industrial convencional sino la hostilidad organizada en el entorno: el actor armado que extorsiona al líder del frente de trabajo, el grupo que detona un artefacto en el oleoducto que el trabajador mantiene, la protesta que se vuelve violenta, el fuego cruzado que nadie esperaba en la vía de acceso a las cinco de la madrugada.

Para comprender esa dimensión del riesgo: la que la estadística laboral convencional solo captura parcialmente hay que combinar dos tipos de datos que raramente se leen juntos: la siniestralidad laboral sectorial y el panorama de seguridad pública del territorio donde esas operaciones existen. Cuando se leen juntos, lo que aparece no es una estadística: es una descripción del ambiente real de trabajo de cientos de miles de colombianos.

En los sectores minero-energético y de construcción, la tasa de mortalidad es hasta dieciséis veces mayor que el promedio nacional.

Detrás de esos números hay un factor que la estadística laboral convencional no siempre nombra con claridad: los factores de riesgo público en el territorio.

II. El territorio como factor del riesgo público

[Infografía: Colombia – Riqueza Natural, Riesgo Extremo]

Colombia: Riqueza Natural, Riesgo Extremo — Fuente: HRW / Defensoría del Pueblo / Mindefensa

Colombia es, en términos de reservas y producción de recursos naturales, uno de los países más ricos de América Latina. Es también, en términos de presencia de grupos armados organizados, uno de los territorios más complejos del mundo para operar.

Esta combinación no es accidental: los territorios más ricos en recursos son, con demasiada frecuencia, los más disputados por actores criminales que reconocen en la explotación de esos recursos una fuente de financiación.

A la fecha los reportes más recientes dan cuenta que, el Clan del Golfo tiene presencia activa en 392 municipios del país; el ELN, en 232; las disidencias de las FARC, en 299. El número total de combatientes activos en grupos armados organizados supera los 25.000, con un crecimiento del 45%, sin contar con la población carcelaria en número similar, y que sigue delinquiendo desde allí, mas las BACRIM.

No son cifras abstractas: son la descripción de la densidad del riesgo en los territorios donde la infraestructura energética, las operaciones mineras y los proyectos de construcción de gran escala están ubicados, y donde la protección institucional presenta debilidades.

El primer semestre de 2025 registró 6.642 homicidios intencionales en Colombia (muy seguramente originados en factores de riesgo público), un incremento del 3% respecto al mismo período de 2024.

Los secuestros aumentaron un 12% en número de casos y un 53% en número de víctimas: 198 personas privadas de su libertad entre enero y junio.

Los ataques contra la infraestructura pasaron de 23 a 35 eventos en el mismo período comparativo.

El dato más perturbador de ese último indicador es la desagregación: los atentados contra oleoductos saltaron de 3 a 21 casos, un incremento del 600% en doce meses.

En 2024, se registraron 1.318 bloqueos en el sector de Petróleo & Gas.

Y en materia de extorsión: el mecanismo de financiación más extendido y el que más directamente afecta las operaciones productivas en territorio colombiano, el año 2024 cerró con 12.956 casos reportados al Ministerio de Defensa: un incremento del 18% respecto a 2023 y una de las cifras más altas de la última década.

Estas son las denuncias formales (Criminalidad aparente). La cifra real, según estimaciones de la Fundación Ideas para la Paz, es significativamente mayor porque la extorsión en zonas con presencia armada tiene tasas de subregistro que oscilan entre el 60% y el 80%: el trabajador o el supervisor que recibe la amenaza no la denuncia porque quien amenaza controla el territorio donde trabaja y donde vive.

III. Seis tipos de hostilidad que ningún manual convencional enseña a gestionar

La palabra 'hostilidad' en el contexto de los ambientes de trabajo en Colombia no es una metáfora. Describe una condición técnicamente específica del entorno operativo que se manifiesta en al menos seis formas distintas, cada una con su propia dinámica causal, sus propios actores, sus propias señales previas y sus propias consecuencias sobre las personas. Comprenderlas por separado es el primer paso para gestionarlas de manera efectiva.

1. La hostilidad armada: cuando el riesgo tiene intención, agente, motivo y método

La hostilidad armada es la expresión más visible del riesgo público en las operaciones colombianas.

Se manifiesta como extorsión sistemática ('vacuna') a frentes de trabajo, retención o secuestro de personal directivo o técnico, sabotaje de infraestructura, ataque directo al campamento: hoy además con el uso de drones, presencia de minas antipersona en áreas de acceso y fuego cruzado entre grupos en disputa territorial.

Su característica definitoria es que tiene un agente, una conducta intencional: una persona o un grupo que decide actuar, con un motivo que la justifica según la percepción del agresor y un método que la hace posible. No es un accidente: es un plan. Y los planes, a diferencia de los accidentes, dejan señales antes de materializarse.

Las consecuencias sobre los trabajadores no se limitan al evento físico.

El estudio de la Fundación Ideas para la Paz sobre el impacto del conflicto armado en trabajadores del sector extractivo colombiano documentó que la exposición sostenida a amenazas armadas, incluso sin que ocurra un evento físico, genera deterioro de la conciencia situacional, incremento de errores operativos, ausentismo por estrés y síntomas de trastorno de estrés postraumático en una proporción que oscila entre el 23% y el 41% de los trabajadores expuestos, dependiendo de la intensidad y la duración de la exposición.

2. La hostilidad explosiva: el territorio minado

Colombia figura entre los cinco países del mundo con mayor número de víctimas por minas antipersona en zonas de actividad económica. Los departamentos con mayor concentración de operaciones minero-energéticas: Antioquia, Nariño, Cauca, Chocó, La Guajira, Catatumbo, Arauca, entre otros, son también los que concentran la mayor densidad de contaminación por artefactos explosivos improvisados.

El trabajador que ingresa a un área nueva sin inspección especializada no está asumiendo un riesgo teórico: está caminando sobre un territorio que, en algunas zonas, tiene densidades de hasta una mina por cada cien metros cuadrados. Las consecuencias físicas de la activación de un artefacto explosivo no son negociables: amputación, politraumatismo, muerte.

No hay EPP (Elementos de protección personal) en el sector empresarial ni en los protocolos de seguridad industrial o de salud laboral que mitigue la explosión que ya ocurrió.

La hostilidad explosiva tiene una dimensión adicional que raramente aparece en los análisis de riesgo convencionales: el efecto de los artefactos instalados por grupos armados como táctica de control territorial no solo genera víctimas directas. Genera también la paralización del movimiento en zonas enteras, el abandono de rutas de acceso a frentes productivos y el confinamiento de comunidades que a su vez generan tensión social hacia las empresas que operan en el área.

3. La hostilidad social: cuando la comunidad es el entorno y el entorno se organiza

El conflicto social en zonas de operación industrial colombiana aumentó un 87% entre 2022 y 2026, según el Observatorio de Conflictos Sociales.

El sector minero-energético concentra el 46% de los conflictos socioambientales activos del país.

Las causas son conocidas y documentadas: incumplimiento de acuerdos previos con comunidades, daños ambientales no reparados, exclusión de la población local de los beneficios económicos de la operación, y, en un porcentaje creciente de casos: instrumentalización de las comunidades por parte de actores armados ilegales que utilizan el conflicto social como mecanismo de presión extorsiva sobre las empresas.

El bloqueo de vías, la toma de instalaciones, la agresión física a trabajadores durante protestas manipuladas con intereses políticos mediáticos o particulares, la presión organizada sobre personal local para que abandone la empresa: estas son las formas más frecuentes de la hostilidad social, y su impacto sobre la continuidad operativa y la integridad física de los trabajadores es documentable y medible.

4. La hostilidad psicosocial: el riesgo que no sangra, pero que incapacita

La hostilidad psicosocial es la menos visible de las seis formas y probablemente la de mayor impacto acumulado sobre la fuerza laboral. No requiere un evento físico para generar daño: la exposición sostenida a amenazas, la incertidumbre sobre el propio estado de seguridad, la presión de actores externos sobre las decisiones laborales cotidianas y el agotamiento emocional de operar en condiciones de alerta permanente producen, con el tiempo, un deterioro funcional que se manifiesta como ausentismo, errores operativos, accidentes laborales y en los casos más graves: trastorno de estrés postraumático, depresión y abandono voluntario del cargo: "Fuga forzada de talentos".

El ausentismo laboral relacionado con salud mental en el sector extractivo colombiano creció un 34% entre 2021 y 2024. Las incapacidades de origen psicosocial representan hoy el 18% del total de días de incapacidad del sector, con un costo directo en la productividad que las empresas frecuentemente no asocian con los factores de riesgo público porque el nexo causal no es tan visible como el de un accidente físico.

El trabajador que no puede concentrarse porque lleva tres semanas sin poder dormir bien, que comete el error de procedimiento que genera el accidente de maquinaria, que abandona el frente de trabajo porque la presión de la amenaza sobre su familia se volvió insostenible: esos son los costos reales, menos fotográficos que un oleoducto en llamas, pero acumulativamente más destructivos para la operación.

5. La hostilidad logística: el aislamiento como arma

La hostilidad logística es el resultado de la combinación de las anteriores sobre la capacidad de la operación de funcionar de manera continua y segura.

Los paros armados, que, en 2024, 2025 y 2026 afectaron a 847 municipios en algún momento del año, generan el aislamiento completo de frentes de trabajo que no pueden recibir insumos, no pueden evacuar personal y no pueden ejecutar el cierre seguro de procesos que, en el sector energético e industrial, no admiten interrupciones abruptas.

El trabajador atrapado en un campamento durante un paro armado de cinco días o indefinido, no está en vacaciones forzadas: está en un entorno de riesgo sostenido, con recursos limitados y con la carga psicológica de la incertidumbre sobre cuándo y cómo va a poder salir.

6. La hostilidad del fuego cruzado: la violencia que no fue para nadie en particular

La sexta forma de hostilidad es también la más impredecible: el trabajador que se convierte en víctima no porque nadie lo haya elegido como objetivo, sino porque estaba en el lugar donde dos actores ilegales con armas decidieron resolver su disputa territorial de manera violenta.

Los enfrentamientos entre grupos armados en zonas productivas, las operaciones militares contra grupos ilegales en áreas de operación industrial, los ataques de actores armados a la Fuerza Pública en vías o poblaciones cercanas a los frentes de trabajo: estas situaciones no tienen en el trabajador a un actor intencional de la violencia. Tienen en él a una víctima de la geografía. Y la geografía, en Colombia, coincide demasiado y frecuentemente entre los territorios donde están los recursos naturales y los territorios donde se libra el conflicto.

La hostilidad en los ambientes de trabajo colombianos no es una condición extraordinaria ni excepcional. Es el contexto operativo ordinario de cientos de miles de trabajadores que salen cada mañana a hacer su labor en un territorio que, simultáneamente, es el escenario de disputas que ellos no eligieron y que no pueden ignorar.

IV. Por qué la prevención y el autocuidado son competencias técnicas, no recomendaciones opcionales

¿Recuerda la primera imagen al iniciar este artículo, en la que se puede ver un incidente grave de esta camioneta sobre la vía?

Corresponde a una afectación por haber pisado con el vehículo un pequeño artefacto explosivo, que por fortuna solo produjo un incidente.

Esta nueva imagen corresponde ahora, a lo que debió haber pasado cinco minutos antes del incidente:

[Imagen: inspección de vía previa al incidente]

En la ingeniería de procesos, una competencia técnica es una capacidad específica (conocimiento más habilidad más actitud) que una persona debe poseer para ejecutar de manera segura y efectiva las tareas que su función y su responsabilidad lo requieren.

Nadie discute que un operador de maquinaria pesada necesita la competencia técnica de operar el equipo: sin ella, el riesgo es inaceptable.

Nadie discute que un técnico en explosivos de la ingeniería civil, necesita la competencia técnica de manejo de materiales peligrosos: sin ella, la operación no puede ejecutarse.

La prevención y el autocuidado en contextos del riesgo público deben entenderse con el mismo rigor: no como una virtud personal que algunos trabajadores tienen y otros no, sino como una competencia técnica que todos deben tener, entrenar y fortalecer de manera sistemática.

La razón es simple y tiene sustento empírico: en los contextos de alta hostilidad, las barreras de mayor efectividad preventiva no son las de ingeniería: el blindaje, la barrera perimetral, las cámaras, sino las que residen en la capacidad de cada persona de percibir las señales de riesgo antes de que escalen, de tomar decisiones correctas bajo presión, de comunicar lo que observa sin miedo a consecuencias y de sostener la cohesión del equipo cuando el miedo amenaza la desintegración.

Estas capacidades: la conciencia situacional, la intuición experta y la inteligencia emocional aplicadas a la seguridad, no son innatas, se deben aprender.

Se construyen con formación, con práctica reflexiva y con sistemas organizacionales que las valoran lo suficiente como para darles un lugar específico en la agenda operativa cotidiana.

Esta serie de publicaciones que propongo y presento, y además, el Manual del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Público en ambientes hostiles que las sustenta, parten de esa premisa.

El manual no está escrito solo para los especialistas de seguridad corporativa: está escrito para el trabajador que conduce el vehículo en la vía rural, para el supervisor o el líder del equipo de trabajo que hace el brief diario de las seis de la mañana, para el profesional que entra a una asamblea comunitaria con tensión acumulada, para la asistente de logística que gestiona la evacuación desde una oficina a quinientos kilómetros del frente de trabajo, para el director de proyecto que debe decidir si la operación continúa o se suspende con información incompleta y en menos de veinte minutos. Para todos ellos, la prevención y el autocuidado no son opciones de estilo de vida: son condiciones de supervivencia, de protección activa, de continuidad del negocio y de desempeño efectivo.

Y esta serie de artículos es la puerta de entrada accesible a ese manual ya enunciado.

Cada artículo ilumina un ángulo diferente de la misma realidad, para que el lector que entra por cualquier puerta encuentre un camino completo hacia la comprensión de lo que el contexto colombiano exige y de lo que el sistema integrado de gestión ofrece como respuesta.

Operar de manera segura en Colombia no es solo una cuestión de equipos de trabajo adecuados y protocolos bien escritos. Es, sobre todo, una cuestión de personas que saben ver lo que está ocurriendo, que saben qué hacer con lo que ven y que tienen la disciplina y el valor de hacerlo.

Eso es una competencia técnica. Y como toda competencia técnica, se puede y se debe entrenar.

V. ¿A quién va dirigida esta serie?:

… a todos, sin excepción de nivel, de responsabilidad ni de función

Una de las tendencias más persistentes y más costosas, en la gestión de la seguridad en ambientes hostiles es la creencia de que el riesgo público es un problema que le corresponde a la Dirección de Seguridad y, en el campo, al coordinador de HSE. Los demás, en esta visión, reciben las instrucciones y las siguen. Esta distribución de la responsabilidad tiene dos fallas estructurales que los datos de siniestralidad documentan de manera consistente.

La primera: los eventos originados en factores de riesgo público no se anuncian al coordinador de seguridad antes de ocurrir. Se anuncian en forma de indicios a quienquiera que esté observando el entorno en el momento en que aparecen.

El trabajador de campo que detecta el vehículo sospechoso, el conductor que nota que la comunidad en la vía está demasiado tranquila para ser martes por la mañana, la auxiliar de logística que recibe una llamada inusual sobre los horarios de llegada del personal directivo: cualquiera de ellos puede ser el primer nodo de detección de una cadena de amenazas, y ninguno puede serlo si no tiene la competencia de reconocer lo que está viendo y el sistema para comunicarlo de manera útil.

La segunda: la respuesta a la crisis en campo no espera a que el coordinador llegue.

El equipo que está en el lugar en el momento del evento es el primer respondiente, y su capacidad de actuar con protocolo, con calma y con criterio en los primeros minutos determina el impacto del evento con más fuerza que cualquier recurso que llegue después. Esa capacidad no se improvisa: se entrena.

Por eso esta serie está dirigida, sin excepción, a cinco grupos de personas que trabajan simultáneamente en el mismo sistema y que necesitan, cada uno desde su posición, competencias específicas para que ese sistema funcione: los trabajadores de campo en todos los niveles de la escala operativa, los líderes de equipo y supervisores, los directores de frente y gerentes de proyecto, los grupos de apoyo administrativo y operativo: HSEQ, logística, RRHH, comunicaciones, legal, bienestar; y por último, la alta dirección. No hay ninguno de estos grupos que pueda quedarse fuera de la comprensión del riesgo y la práctica de la prevención: la cadena de seguridad es exactamente tan fuerte como su eslabón más débil.

VI. Los cinco artículos que siguen: una guía para navegarlos

Cada uno de los artículos que componen esta serie fueron diseñados con una voz narrativa distinta, con un ángulo de entrada diferente: para un lector implícito propio.

No son capítulos de un mismo documento extendido: son cinco puertas de entrada diferentes al mismo edificio.

El lector puede comenzar por cualquiera y encontrará un camino completo. Quien los lea en secuencia encontrará que se construyen mutuamente sin repetirse.

VII. El objetivo final: no es la ausencia del riesgo, sino la presencia de capacidad

Ningún manual de gestión de riesgo puede eliminar el conflicto armado colombiano.

Ninguna serie de artículos puede detener la extorsión a frentes de trabajo, recuperar los territorios capturados por grupos ilegales o resolver las tensiones sociales acumuladas durante décadas en comunidades que conviven con operaciones industriales de gran escala.

Eso está fuera del alcance de cualquier instrumento de gestión.

Lo que sí está dentro del alcance y lo que esta serie propone con rigor y con convicción: es construir la capacidad de cada persona que trabaja en esos territorios de operar con seguridad en las condiciones reales que existen, no en las condiciones ideales que desearíamos.

La diferencia entre el equipo que sale a campo el lunes sin haber hecho el brief y el que lo hace.

La diferencia entre el trabajador que detecta el indicio y lo reporta y el que lo ve y no sabe qué hacer con eso.

La diferencia entre el Líder que sabe cómo sostener la calma del equipo en los primeros minutos de una crisis y el que se paraliza porque nadie lo entrenó para ese momento.

La diferencia entre la organización que tiene una política de seguridad clara y difundida en toda la organización, y la que se apoya en una cultura de seguridad vivida.

Esas diferencias se construyen.

Se construyen con conocimiento que es lo que los cinco artículos de esta serie ofrecen.

Con práctica: que es lo que el manual del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Público en ambientes hostiles detalla en veintiún protocolos operativos.

Y con una decisión que no puede ser delegada: la decisión de cada persona, en su nivel, de tomar en serio que el territorio donde trabaja tiene condiciones que exigen de ella más que la experiencia técnica convencional. Que exigen también la competencia de cuidarse, de cuidar al compañero y al equipo, de leer el entorno y de actuar con protocolos cuando el entorno deja de ser amable.

Colombia produce el 40% del carbón de América Latina. Opera más de 8.000 kilómetros de oleoductos. Tiene proyectos de construcción de infraestructura en todos sus departamentos. Y la mayor parte de esa actividad ocurre en territorios donde los trabajadores que la hacen posible enfrentan, además de los riesgos del oficio, la hostilidad documentada en este artículo.

El reconocimiento de esa realidad no es pesimismo: es el punto de partida honesto de cualquier sistema de gestión que quiera ser efectivo.

Esta serie es la invitación a ese reconocimiento. Y el Manual del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Público en Ambientes Hostiles que le da sustento es la respuesta técnica, humana y operativa a lo que ese reconocimiento exige.