EL MAPA DE COLOMBIA QUE CAMBIÓ

Una Nueva Guerra Abierta y lo que Eso Significa para el Trabajador de Campo

Hubo una mañana, hace poco más de cinco semanas, en que todo cambió de naturaleza.

No fue un evento súbito. No fue una explosión ni un comunicado de un grupo armado. Fue un discurso en la posesión de un nuevo gobierno que contenía cinco palabras contundentes y de alto impacto que cambiaron el mapa de Colombia más rápido que cualquier decreto: "La opción del diálogo está agotada".

Quien escuchó esas palabras desde una oficina en Bogotá o Medellín recibió una señal política. Quien las escuchó desde un campo petrolero en Arauca, desde una operación minera en el Bajo Cauca, desde el puerto de Buenaventura, desde un proyecto de construcción de infraestructura en Norte de Santander, recibió algo diferente: la confirmación de que el entorno en el que trabaja acaba de volverse cualitativamente más complejo. Y que los protocolos de seguridad diseñados y aprobados bajo el supuesto de una política de negociación activa con los grupos armados serán, desde ese día, documentos de otro país en otros ambientes de trabajo.

Este artículo no pretende ser un nuevo reporte de noticias. Es una reflexión para líderes operativos: gerentes de campo, supervisores de zona, coordinadores de HSE, directores de proyectos que tienen a su cargo equipos que salen al territorio a hacer su trabajo. Personas que toman decisiones todos los días sobre si una ruta es segura, si un desplazamiento puede esperar, si el riesgo que existe en el área de operación está siendo gestionado con la seriedad que merece. Para esas personas, lo que ha ocurrido entre el 7 de agosto y el mes de septiembre de 2026 no es contexto: es el nuevo escenario de trabajo.

Lo que ha Ocurrido en 37 Días

Para entender el cambio, es necesario mirarlo en su dimensión cronológica. No como una línea de tiempo de noticias, sino como la secuencia de decisiones que transformaron la arquitectura del conflicto colombiano.

El primer bombardeo del gobierno De la Espriella se ejecutó el 10 de agosto, apenas 72 horas después de la posesión, dirigido contra estructuras del ELN en el Catatumbo. La señal era deliberada: la retórica del 7 de agosto no era campaña. Era política. El 12 de agosto, Colombia formalizó su ingreso al Escudo de las Américas como el decimonoveno miembro de la coalición antinarcóticos liderada por Trump. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció desde Panamá que Colombia autorizó operaciones militares conjuntas en su territorio, señalando que "a través del recién inaugurado presidente, Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo".

El 15 de agosto, el gobierno colombiano autorizó las primeras extradiciones a Estados Unidos, Perú, Panamá y República Dominicana, mientras reos de alta peligrosidad eran trasladados a cárceles de máxima seguridad. A finales de agosto se cerraron oficialmente las primeras mesas de diálogo de la Paz Total. El 2 de septiembre, el presidente De la Espriella presidió un consejo de seguridad extraordinario en Cúcuta tras un atentado del ELN y advirtió a gobernadores y alcaldes que su administración perseguirá a los funcionarios territoriales que pacten o se alíen con estructuras armadas ilegales.

El 4 de septiembre, el ELN respondió con la tarjeta de presentación más elocuente posible. El Frente Camilo Torres Restrepo atacó el Cantón Militar El Trapiche en Ocaña, Norte de Santander, con artefactos explosivos lanzados desde drones. El capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo murieron en el combate. Cinco soldados resultaron heridos y una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana fue alcanzada por esquirlas.

Y el 11 de septiembre, apenas hace dos días mientras se redactan estas líneas, el presidente colombiano puso fin a todos los diálogos y espacios de sometimiento de la política de "paz total" de su antecesor. La decisión afecta las mesas con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, el ELN, el Frente Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, así como los espacios de conversación sociojurídica con grupos en Medellín, el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. "Se acabó la falsa paz", escribió De la Espriella en X. "En mi Gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad". La resolución presidencial fijó el 30 de septiembre como fecha límite para el desmonte de las Zonas de Ubicación Temporal.

El Adversario que Creció Mientras se Negociaba

Hay un dato que todo líder operativo del sector minero-energético y de construcción y en ambientes hostiles de trabajo en Colombia debe tener presente antes de revisar cualquier protocolo de seguridad: el número total de combatientes de grupos armados en Colombia pasó de 15.120 en 2022 a 28.802 en 2026. El ELN, en particular, creció de 5.851 a 7.123 integrantes durante los cuatro años de la Paz Total.

El crecimiento del 90% en el total de combatientes durante un período que se llamó de paz no es una paradoja irónica. Es el resultado previsible de una política que privilegió los ceses al fuego sobre las condiciones para el desarme, que permitió a los grupos armados consolidar territorios y economías ilegales mientras se desarrollaban negociaciones que, en muchos casos, nunca tuvieron viabilidad real. El nuevo gobierno hereda ese inventario.

Para quien gestiona operaciones en campo, esa cifra tiene una traducción precisa y concreta: los grupos armados que hoy enfrentan la ofensiva del nuevo gobierno son estructuralmente más grandes, tienen mayor presencia territorial, mayor tecnología y más recursos que los que existían cuando se diseñaron la mayoría de los planes de seguridad vigentes en las empresas del sector. No se puede combatir el riesgo de 2026 con los protocolos calibrados para el conflicto de 2022.

El ELN tiene hoy 7.123 combatientes distribuidos en ocho Frentes de Guerra y opera, especialmente a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, con una estructura binacional fortalecida por las economías ilícitas como el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal; además con una nueva herramienta de ataque con explosivos a muy bajo costo: los drones que ahora son enjambres. Sus frentes más activos coinciden exactamente con las zonas de mayor actividad productiva del país: el Frente de Guerra Oriental en Arauca y Casanare, el Frente Carlos Alirio Buitrago en el Bajo Cauca, el Frente Camilo Torres Restrepo en el Catatumbo. No es coincidencia. Nunca lo ha sido. El control de las zonas productivas es parte de la estrategia financiera del grupo, y esa estrategia no desaparece porque el gobierno cambie de política.

El Clan del Golfo, por su parte, tiene presencia en 39 departamentos y sus Zonas de Ubicación Temporal deben cerrarse en 16 días. Los integrantes que no se sometan individualmente a la justicia regresarán a las estructuras activas o actuarán como individuos sin estructura, pero igualmente peligrosos en las zonas donde el grupo tiene control territorial. Nadie sabe, a la fecha, cuántos de ellos elegirán ese camino.

El Patrón que la Historia Registra y que la Gestión del Riesgo Público no Puede Ignorar

Colombia ha vivido antes este ciclo. Lo vivió al inicio del Plan Colombia, a partir del año 2000, cuando la ofensiva estatal contra las FARC fue precedida por un período de escalada violenta en las regiones productivas antes de que la capacidad ofensiva de la guerrilla se debilitara sostenidamente. Lo vivió en 2002 y 2003, cuando la política de seguridad democrática del presidente Uribe intensificó las operaciones contra las FARC y el ELN en los primeros dieciocho meses registró el mayor número de ataques a la infraestructura petrolera en la historia del conflicto. El oleoducto Caño Limón–Coveñas, que transporta desde Arauca hasta la costa caribeña el crudo de los campos más emblemáticos de Colombia, fue atacado más de 170 veces en 2001. No porque el Estado fuera más débil ese año: sino porque la guerrilla respondió a la presión con mayor agresividad en los activos que consideraba palancas de negociación.

La lógica es la misma hoy. El Catatumbo concentra cultivos de coca, rutas hacia Venezuela y una larga historia de presencia del ELN y de disidencias. El encarecimiento de la seguridad, la renegociación de primas de riesgo político y el retraso de proyectos en el conjunto del país terminan filtrándose a los contratos y a los consejos de administración. El uso de drones explosivos contra instalaciones militares, demostrado el 4 de septiembre en Ocaña, no es el final de la secuencia. Es el comienzo de la demostración de que el ELN tiene capacidades tecnológicas que sus documentos de amenaza de los años anteriores no contemplaban.

Lo que Significa "Guerra Declarada" para Quienes no Llevan Armas

Hay una confusión frecuente que vale la pena deshacer antes de seguir. Cuando un gobierno declara la guerra a los grupos armados, esa declaración cambia el comportamiento de los actores armados. Pero no cambia el estatus de los trabajadores civiles involucrados en las zonas de conflicto. El conductor del camión de suministros, el ingeniero de un campo petrolero, el topógrafo del proyecto de gasoducto, el profesional ambientalista, el electricista de mantenimiento en una planta de procesamiento: ninguno de ellos se convierte en combatiente por el hecho de trabajar en una zona donde hay combates. Siguen siendo civiles, protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Pero esa protección jurídica no los protege de la bala en fuego cruzado, del artefacto explosivo en el camino o del enjambre de drones que no distingue uniformes.

Lo que cambia para ellos con la guerra declarada es el entorno inmediato de sus actividades cotidianas. Las rutas que antes tenían un nivel de riesgo conocido pueden convertirse en zonas de combate activo sin previo aviso. Las instalaciones que antes estaban en el perímetro del conflicto pueden quedar en el centro de él. Los grupos armados que antes moderaban su comportamiento porque estaban en mesas de negociación ahora no tienen ese incentivo. El presidente De la Espriella ha abogado por aplicar "mano de hierro" a los grupos armados y afrontarlos con toda la fuerza "de las armas y de las leyes de la República". Esa mano de hierro se aplica y tiene un mayor impacto en los territorios donde trabajan los equipos de campo del sector.

Y hay una dimensión adicional que merece atención específica: el nuevo gobierno prometió combatir el narcotráfico con bombardeos, erradicación de narcocultivos con herbicidas y la presencia de bases militares estadounidenses en territorio colombiano. La sede regional del Escudo de las Américas fue establecida en Medellín. La presencia de cooperación militar de Estados Unidos en territorio colombiano reactiva, para el ELN y los grupos con narrativa antiimperialista, un argumento que históricamente han usado para justificar ataques a infraestructura: que los recursos naturales del país están siendo saqueados por potencias extranjeras con complicidad del gobierno de turno. En mayo de 2026, el ELN amenazó a empresarios y dueños de minas del Bajo Cauca acusándolos de asociarse con el Clan del Golfo.

La Brecha que Ninguna Política de Seguridad Resuelve Sola

Existe una distancia que los responsables de la gestión del riesgo público en las empresas deben reconocer con honestidad: la distancia entre la velocidad a la que cambia el entorno y la velocidad a la que las organizaciones actualizan sus protocolos.

En treinta y siete días, Colombia cambió su política de seguridad de forma radical. En ese mismo período, la mayoría de las empresas del sector minero-energético y de construcción no han actualizado sus matrices de riesgo, no han revisado sus planes de contingencia, no han convocado a sus equipos de seguridad para una evaluación del nuevo escenario. Esa brecha no es negligencia: es la velocidad normal de las organizaciones. El problema es que, en contextos de conflicto activo, la velocidad normal mata.

El marco normativo colombiano sobre seguridad y salud en el trabajo: el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, establece la obligación de identificar y controlar todos los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, incluyendo los factores del riesgo público. Esa obligación no tiene una cláusula que diga "excepto cuando el entorno cambie más rápido de lo que la empresa puede actualizar sus documentos". La responsabilidad del empleador que lleva a un trabajador a una zona de conflicto activo es permanente y no se diluye en la coyuntura política.

El Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos del Ministerio de Minas y Energía, que priorizó el sector minero-energético precisamente porque la vulnerabilidad estructural de los derechos humanos en las zonas de operación es histórica y sistémica, establece un estándar que va más allá del cumplimiento normativo: las empresas tienen la responsabilidad de no solo cumplir la ley, sino de actuar con la debida diligencia para anticipar y prevenir las violaciones de derechos humanos que sus operaciones pueden propiciar, directa o indirectamente.

En el entorno actual, esa debida diligencia exige mucho más que un protocolo de seguridad vial y un curso anual de manejo de situaciones de orden público. Exige una comprensión profunda del nuevo escenario, una revisión sistemática de los instrumentos de prevención, y una decisión organizacional de elevar el estándar de protección a la altura del incremento y de los factores de riesgo público emergentes y que ya existen, no de los que existían.

Los Tres Territorios del Riesgo en el Nuevo Mapa

Para traducir el análisis en orientación práctica, es útil diferenciar el mapa del riesgo en función de lo que ocurre en este momento, en septiembre de 2026, en cada tipo de zona productiva.

Zonas de conflicto activo

Las zonas de conflicto activo son aquellas donde hoy hay operaciones militares en curso, donde el ELN o las disidencias tienen frentes con capacidad ofensiva demostrada y donde el cierre de los diálogos elimina cualquier mecanismo de moderación de los comportamientos. El Catatumbo, Arauca, el Bajo Cauca, el Chocó: en estas zonas, el mapa de riesgo no solo es alto. Es dinámico en tiempo real. Un campo que era accesible esta mañana puede no serlo esta tarde. Un corredor que era seguro esta semana puede ser escenario de un operativo la próxima.

Zonas de transición

Las zonas de transición son aquellas donde los grupos armados se reposicionan frente a la presión militar: el Meta sur, Vichada, el Caquetá medio, zonas de Casanare hasta ahora relativamente estables. El cierre de las Zonas de Ubicación Temporal genera flujos de excombatientes hacia estas regiones. En las próximas semanas, algunos de los municipios que estaban en el borde del mapa de riesgo medio pueden escalar al mapa de riesgo alto, no por una decisión de un actor armado consolidado, sino por la proliferación de estructuras menores y más impredecibles.

Zonas de conflictividad social activa

Las zonas de conflictividad social activa son aquellas donde el riesgo no proviene principalmente de actores armados sino de comunidades y movimientos sociales que han perdido su canal de interlocución con el Estado. El paro minero del Bajo Cauca de marzo de 2026 fue el anticipo de lo que puede ocurrir cuando las causas estructurales: formalización minera, regalías, empleo local, impacto ambiental, no tienen un espacio de resolución institucional. Esas causas no desaparecieron con el nuevo gobierno. En varios casos, la política de confrontación total las agrava.

Una Reflexión antes de Diseñar los Protocolos

Hay una tentación comprensible en los momentos de cambio drástico: buscar la certeza en los procedimientos. Actualizar el protocolo de seguridad vial, revisar el checklist de salida de campo, ajustar el mapa de riesgo. Esas son acciones necesarias, y los artículos siguientes de esta serie las abordan en detalle.

Pero antes de los procedimientos está la comprensión. Y la comprensión que este momento exige de los líderes operativos es incómoda: Colombia está en el período de mayor volatilidad de seguridad en sus zonas productivas desde el inicio del Plan Colombia, hace veinticinco años. Los grupos armados son más grandes, más fragmentados y más capaces tecnológicamente que en cualquier momento de ese cuarto de siglo. El gobierno que los enfrenta tiene la determinación más clara de hacerlo, pero también la herencia de cuatro años de crecimiento de esos mismos grupos. Y los trabajadores del sector: los conductores, los técnicos, los operarios, los profesionales de campo, están en el territorio donde esa colisión ocurre, sin haber elegido estar en el centro de la historia.

La gestión del riesgo público en los ambientes de trabajo hostiles no es una variable externa que la empresa observa desde lejos. Es el entorno concreto, físico, cotidiano en el que trabajan personas reales con familias reales. Cuando ese entorno cambia a la velocidad en que lo ha hecho en septiembre de 2026, la primera obligación del líder operativo no es calmar a su equipo con la ilusión de que todo está bajo control. Es decirles la verdad sobre el entorno en que están trabajando, con la información más actualizada disponible, y demostrarles con hechos, no con palabras, que la empresa ha hecho todo lo que está en su mano para que vuelvan a casa.

Eso es gestión de salud laboral en ambientes hostiles. No es un módulo de la inducción. Es el compromiso central de cualquier organización que decida, conscientemente, operar en las zonas más difíciles de Colombia en el momento más difícil del último cuarto de siglo.

Los siguientes cuatro artículos de esta serie propondrán herramientas que permitan desarrollar los instrumentos concretos para honrar ese compromiso: los sistemas de inteligencia y monitoreo que debe tener una organización responsable, los programas de prevención y autocuidado para los equipos en campo, los planes de continuidad del negocio calibrados para el nuevo escenario, y —quizás lo más difícil— la cultura organizacional que hace que todo lo anterior funcione cuando la situación se pone verdaderamente difícil.